Ministro del Trabajo aclaró el alcance de la creación de cargos temporales en medio de la polémica por la Ley de Garantías

En medio de la controversia por la expedición del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, mediante el cual se autoriza la creación de 1.141 cargos temporales en el Ministerio del Trabajo, el titular de esa cartera, Antonio Sanguino, ofreció explicaciones públicas sobre el alcance, la justificación técnica y el cronograma de provisión de dichos empleos.

La respuesta se produjo luego de que el diario El Tiempo publicara una información en la que se advertía que el Gobierno nacional había dispuesto la creación dichos empleos estatales pocos días antes del inicio de la Ley de Garantías Electorales, que entra en vigor el 31 de enero.

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Según lo señalado en esa publicación, la decisión se da en un contexto marcado por la emergencia económica y por llamados de distintos sectores a reforzar la austeridad fiscal. Además, el momento escogido para la expedición del decreto generó cuestionamientos en redes sociales y entre sectores de oposición, debido a que la Ley de Garantías restringe la contratación estatal y endurece los requisitos para el manejo presupuestal durante los periodos electorales.

De acuerdo con el contenido del decreto 052, los 1.141 cargos creados tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y están orientados, principalmente, al fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control en el marco de la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025. Del total de plazas, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que las 141 restantes incluyen cargos profesionales especializados y de nivel universitario.

Frente a las críticas, el ministro Antonio Sanguino explicó que la creación de la planta temporal responde, en primer lugar, a compromisos internacionales asumidos por Colombia. En su pronunciamiento señaló: “La planta temporal de inspectores busca cumplir con el estándar internacional de la OIT y la OCDE de 1 inspector por cada 10 mil trabajadores (hoy tenemos 1 por cada 5 mil)”.

El jefe de la cartera laboral también vinculó la medida directamente con la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada en 2025. Según indicó, la necesidad de reforzar la capacidad institucional del ministerio fue anunciada por el presidente Gustavo Petro desde el momento mismo en que se sancionó la ley.

De acuerdo con el ministro, desde esa fecha se inició un proceso técnico de estudios de cargas laborales, cuyo desarrollo tomó varios meses y que solo hasta ahora derivó en la expedición del decreto. En ese sentido, sostuvo que la decisión no fue improvisada ni adoptada de manera coyuntural por el calendario electoral.

Provisión gradual y aplicación de la Ley de Garantías

Otro de los puntos centrales de la explicación oficial tiene que ver con el momento en que se proveerán los cargos creados. El ministro Sanguino aseguró que la planta temporal no será ocupada en su totalidad antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales. Según detalló, el proceso se desarrollará por fases.

“Se vincularán 300 en una primera fase y 200 en una segunda fase posterior. Los restantes se seleccionarán en el próximo gobierno”, indicó el funcionario. Con ello, el ministerio busca, según su versión, evitar una provisión masiva de cargos en el periodo previo a las restricciones que impone la normativa electoral.

En cuanto a los mecanismos de selección, Sanguino enfatizó que todo el proceso se realizará bajo criterios meritocráticos. “Todo se hará mediante un proceso meritocrático”, afirmó, y explicó que las fuentes de reclutamiento incluirán a trabajadores que actualmente prestan sus servicios al ministerio mediante contratos de prestación de servicios, así como a personas que integren listas de elegibles producto del concurso adelantado en el segundo semestre de 2025 por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Adicionalmente, la cartera adelantará procesos de selección técnica propios. Sobre los tiempos, el ministro precisó que “ello difícilmente ocurrirá antes del 31 de enero, fecha en la cual entra en vigor la ley de garantías electorales”.