Informe revela que solo cuatro personas en Colombia tienen una riqueza de USD42.000 millones gracias a impuestos e influencias

Oxfam, la confederación internacional formada por varias organizaciones no gubernamentales que trabajan de manera conjunta en más de 90 países y cuyo objetivo principal es combatir la pobreza y la injusticia en el mundo, dio a conocer en Davos (Suiza) el informe “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, que evidencia cómo los más ricos controlan el poder político y definen las reglas económicas y sociales en su favor, a costa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Dentro de este, mostró cómo está la desigualdad en Colombia, con lo que mostró al país como el cuarto con mayor concentración de riqueza extrema en América Latina y el Caribe. En el análisis, la organización advirtió que la acumulación de riqueza en muy pocas manos incrementa las brechas sociales y pone en peligro la democracia en la región.

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Al respecto, la responsable del Programa Influyente de Oxfam Colombia, Jenny Gallego, advirtió sobre los riesgos institucionales derivados de este fenómeno. “La concentración extrema de la riqueza pone en riesgo la democracia. Cuando el poder económico se traduce en influencia política, se debilitan las instituciones y crece la percepción de que el Estado gobierna para unos pocos”, manifestó en el Foro Económico Mundial.

El informe identifica que solo cuatro personas concentran aproximadamente USD42.000 millones en Colombia (cerca de $168 billones), lo que pone al país en la cuarta posición de la lista regional, solo por detrás de Brasil, México y Chile. Para ilustrar la magnitud de la desigualdad, el estudio señala que un millonario colombiano promedio solo requiere dos minutos para ganar el equivalente a lo que una persona promedio recibe en un año de trabajo.

Qué pasa en América Latina y el Caribe

A nivel regional, Oxfam destaca que América Latina y el Caribe contabilizan en la actualidad 109 milmillonarios, con una fortuna conjunta de cerca de USD622.000 millones, cifra que se aproxima al Producto Interno Bruto (PIB) sumado de Chile y Perú.

Desde 2000, la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos aumentó 443%, muy por encima del avance económico de la región. Solo durante el último año, ese patrimonio creció 39%, un ritmo 16 veces superior al crecimiento de la economía de la zona.

Frente a esto, la directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra, resaltó la velocidad de este proceso. “Mientras la riqueza de los milmillonarios ha crecido en promedio un poco más de USD491.000 al día, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para alcanzar esa misma fortuna. Este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones de políticas públicas y limitando los recursos que podrían destinarse en beneficio de las mayorías”.

Origen de las fortunas

La mayoría de la fortuna de estos superricos tiene origen heredado y se encuentra en sectores como finanzas, telecomunicaciones, medios y energía, por lo que sobresale la falta de regulación. El 53,8% de los milmillonarios latinoamericanos heredó al menos parte de su riqueza, un porcentaje notablemente superior al promedio mundial.

Solo cinco países de la región aplican impuestos al patrimonio, mientras que apenas nueve gravan herencias o donaciones, lo que perpetúa una “especie de dinastías de ultrarricos, que se perpetúan de generación en generación, debilitando la capacidad redistributiva del Estado y perpetuando un modelo de desigualdad heredada”, según la organización.

El informe resalta también que al menos 16 presidentes en 11 países de América Latina alcanzaron el poder tras haber encabezado grandes empresas. “Cuando la riqueza compra influencia política, la democracia deja de ser representativa y se convierte en privilegio de unos pocos. No es solo un problema económico: es una amenaza directa a los derechos y a la voz de las mayorías”, afirmó García-Parra.

Sistema fiscal colombiano y privilegios tributarios

Los sistemas fiscales mostraron limitaciones para reducir las brechas. En Colombia, Oxfam califica el sistema fiscal de regresivo: las personas con menores ingresos deben soportar una mayor carga tributaria en proporción a los ingresos, mientras los sectores más acaudalados y las grandes empresas mantienen una parte considerable de sus recursos fuera del país a través de deudas, intereses y transferencias de capital.

El informe puntualiza que el 50% más pobre de la población en América Latina destina el 45% de sus ingresos al pago de tributos, a diferencia del 1% más rico, que solo aporta menos del 20% de sus rentas. Esta disparidad contribuye a agravar la brecha social.

En el caso colombiano, existen más de 290 beneficios tributarios. De acuerdo con Oxfam, estos incentivos no cuentan con evaluaciones periódicas y permanecen debido a la presión de grupos empresariales, lo que representaría una pérdida notable de recursos públicos. Para la organización, la estructura fiscal reduce la capacidad estatal de invertir en áreas fundamentales como la educación, la salud y otros derechos básicos, profundizando la desigualdad y restringiendo la movilidad social.

Recomendaciones y retos para la democracia

Oxfam insta a los gobiernos de la región a impulsar reformas sustanciales en la política tributaria. Entre las propuestas se incluye:

• Creación de planes nacionales con metas concretas.
• Gravar la riqueza y las herencias del 1% más rico.
• Establecer regulaciones sobre la influencia política y mediática de las élites económicas.

García-Parra remarcó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y proteger las libertades democráticas para contrarrestar los efectos de la concentración extrema de riqueza. Dijo que “este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones”.

Las estimaciones de Oxfam indican que una reforma fiscal en América Latina y el Caribe podría aumentar la recaudación hasta en 4% del PIB regional, lo que representaría un incremento del 24% en los ingresos públicos. Estos fondos adicionales permitirían reducir la pobreza, elevar la calidad de los servicios públicos y encarar desafíos como la crisis climática. Dejar el rumbo de las sociedades en manos de poderes económicos termina por chocar con la idea de una democracia inclusiva. La responsabilidad de transformar este escenario recae, según Oxfam, en los gobiernos de la región.

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