
Una disputa legal entre la Iglesia Vida Abundante y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha reavivado el conflicto por la orden de desalojo del predio Tito Bolos en Barranquilla, tras veintiocho años de ocupación.
El abogado Fernando Rodríguez, representante legal de la fundación que administra la iglesia, cuestiona la competencia de la SAE, la entidad estatal de administración de bienes incautados, para proceder con la restitución del inmueble, sosteniendo que los responsables han invertido alrededor de $2.500 millones en el lugar y niega la existencia de deuda por arrendamiento.
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Rodríguez recalca que la SAE no tiene atribuciones para ordenar el desalojo y que estas competen únicamente al juez. Además, afirma que la Iglesia Vida Abundante, bajo la dirección de Jorge Freyle Lozano y Margarita de Freyle, ha destinado cuantiosas inversiones en mantenimiento y mejoras.
El complejo Tito Bolos, ubicado en el sector Altos del Limón, abarca más de 5.000 metros cuadrados; antes de alojar a la iglesia, funcionó como bolera y restaurante. El predio fue objeto de extinción de dominio por sus vínculos con el narcotráfico del clan Nasser Arana y ha permanecido bajo administración estatal.
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La SAE reclama una deuda superior a $2.227 millones por cánones de arrendamiento presuntamente impagos entre 2020 y abril de 2026.
Defensa legal y versión del abogado Fernando Rodríguez
Fernando Rodríguez rechaza que la SAE pueda emitir la orden de desalojo, argumentando que solo la jurisdicción ordinaria está habilitada para hacerlo. “Es un juez quien debe emitir esa orden. Por eso nosotros ya denunciamos en la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría”, indicó el abogado en diálogo con El Tiempo.
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El representante legal insiste en que la fundación ha dedicado aproximadamente $2.500 millones en conceptos de mantenimiento, vigilancia y reparación de daños importantes en el inmueble.
Señala también que la fundación habría adquirido primas comerciales y obtenido permisos de los depositarios para ampliar locales. Frente a la supuesta deuda, plantea que debe considerarse la inversión realizada para, eventualmente, compensar a la fundación.
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“Ninguna autoridad ha decretado que los contratos de arrendamiento estén vencidos”, dijo el abogado, negando que la relación contractual haya expirado.
¿Quiénes dirigen la Iglesia Vida Abundante?
De acuerdo con el medio mencionado, el liderazgo de la Iglesia Vida Abundante está a cargo del pastor Jorge Freyle Lozano, representante legal y predicador, junto con su esposa Margarita de Freyle, también pastora de la congregación. A través de la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, ambos impulsan labores sociales en los departamentos de Atlántico y La Guajira.
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Las gestiones jurídicas sobre el proceso de desalojo están a cargo del abogado Fernando Rodríguez, vocero autorizado ante las autoridades y la prensa.
Postura oficial de la Sociedad de Activos Especiales
Desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Constanza Jiménez, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones, afirmó a El Tiempo que la entidad tiene competencia para ejecutar desalojos.
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Jiménez explicó que cuentan con la potestad de ordenar la recuperación del inmueble mediante acto administrativo suscrito por la presidencia, con apoyo de las funciones de Policía Judicial.
Insistió en que la SAE puede dar por terminados unilateralmente los contratos ante incumplimientos: “Ante la falta de pago del canon de arrendamiento, tenemos toda la facultad de terminar el contrato unilateralmente”.
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Descarta que se haya formalizado una cesión contractual a favor de la fundación y advirtió que la ocupación de locales adicionales dentro del predio ha sido irregular.
La SAE comunicó que, pese a las acciones presentadas por la iglesia, la subasta del inmueble se mantiene vigente y que el proceso contará con acompañamiento de la Policía Judicial.
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Historia y situación del inmueble Tito Bolos
Antes de su función religiosa, Tito Bolos operaba como bolera y restaurante en Barranquilla. Tras la extinción de dominio por sus nexos ilícitos, el predio permanece bajo control de la SAE.

La entidad sostiene que los contratos finalizaron en noviembre de 2025 y acusa a la fundación de expandirse sin autorización, mientras que la defensa responde que los acuerdos siguen vigentes y que las inversiones millonarias deben tenerse en cuenta sobre las sumas reclamadas por la SAE.
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