La Asociación Wayúu-Araurayú, dirigida por Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, acumuló más de 20.038 millones de pesos en contratos con entidades del Estado colombiano entre febrero de 2023 y febrero de 2026.
Aunque en principio se trataría de un megacontratista cualquiera, lo cierto es que Gustavo Custodio es el hermano de Armando Custodio Wouriyú Valbuena, el tesorero del comité promotor de la asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro.
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Según una investigación adelantada por El Colombiano, el año de mayor concentración fue 2024, con 17.000 millones de pesos adjudicados. Los 736 millones de 2026 y los 650 millones de 2025 completan un patrón que, para fuentes consultadas en la Alta Guajira, no es casual: ambos hermanos operarían en llave, uno desde Bogotá y el otro desde el territorio.
El nombre de Armando Custodio Wouriyú Valbuena saltó a la opinión pública cuando el presidente Petro publicó en su cuenta de X el número de una cuenta de ahorros a su nombre para recibir donaciones destinadas a financiar la Constituyente, con giros individuales de hasta 10 millones de pesos. Armando es el titular de esa cuenta y el vocero principal del comité promotor, inscrito ante la Registraduría Nacional en diciembre de 2025.
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La meta de recaudación es de 2.060 millones de pesos, destinados, según el propio Armando a El Colombiano, a gastos logísticos del proceso de recolección de firmas. Ante la pregunta de qué otros cargos ocupa en el Gobierno, su respuesta fue directa: “Soy delegado presidencial para los diálogos socio jurídicos con el autodenominado ejército gaitanista”.
Ese rol lo ejerce a través de un contrato vigente con el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Dapre. En los círculos de Palacio, según fuentes de El Colombiano, lo identifican como un operador político.
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Los contratos que vinculan al clan familiar
La asociación que concentra la contratación es la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, Wayúu-Araurayú. Los convenios fueron firmados con el Icbf, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el Dane, las alcaldías de Uribia y Riohacha, y la Gobernación de La Guajira.
El contrato más cuantioso del período fue suscrito en julio de 2023 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: más de 6.000 millones de pesos para fortalecer proyectos de agricultura familiar y pesca artesanal.
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El convenio buscaba beneficiar a 5.880 pescadores artesanales y a 980 personas vinculadas a huertas productivas. Fuentes de la región aseguran a El Colombiano que el programa se habría ejecutado de forma muy parcial.
Gustavo Wouriyú asumió la representación legal de la asociación en 2024, en reemplazo de Rafael Ángel Iguarán. Desde entonces, la organización firmó contratos adicionales con el Icbf y el Ministerio de Educación para el “fortalecimiento educativo en territorios wayúu”, y otro con objeto tan amplio como “la prestación de servicios integral al pueblo wayúu”.
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“Uno de mis hermanos es representante legal, pero soy una persona sin poder político que pueda incidir en alguna labor relacionada con contratos. Yo no decido esas cosas”, respondió Armando Woiriyú sobre la contratación estatal de su hermano.
Sobre los convenios específicos con el ICBF y el Sena, su respuesta fue: “Esas son las funciones de la asociación. Hasta ahí llego yo”.
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Tres estructuras, un mismo poder
Tres líderes indígenas wayúu que prefirieron el anonimato describieron a El Colombiano la presunta base del poder de los Wouriyú: el control de la contratación social, la presencia en espacios de concertación nacional y la alianza con el Gobierno de Petro.
“Su perfil es el de un estratega político que logra influir en la política nacional mientras mantiene un control cuestionado sobre el territorio de la Alta Guajira. Aquí en el departamento, en la zona extrema norte, ha tenido conflictos con otros liderazgos que no lo ven con buenos ojos y con desconfianza”, señaló una de esas fuentes.
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Las tres estructuras concretas que sostendrían ese poder serían: la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), donde Armando llegó a la presidencia en 1997; la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con el Ministerio del Interior, descrita por fuentes locales como el escenario “duro de los Wouriyú” donde se definen proyectos para territorios indígenas; y la Entidad Territorial Indígena (ETI) de la Zona Extrema Norte de La Guajira, creada por el presidente Petro a propuesta del propio Armando.
La ETI es la primera de su tipo en configurarse en Colombia desde que la Constitución de 1991 creó ese modelo territorial. Abarca 54 kilómetros de costa, 60.000 personas, 320 jefes territoriales y 9 corregimientos de Uribia. Su particularidad es que permite al Gobierno nacional girar recursos directamente, sin pasar por la Alcaldía de Uribia ni la Gobernación de La Guajira, lo que reduce la trazabilidad del gasto.
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Fuentes consultadas por el diario nacional acusan a Armando de haber construido esa ETI sin consulta previa y de “aprovecharse de autoridades tradicionales con poca formación académica para que firmen acuerdos a cambio de dinero o puestos”. Su hermano Gustavo Custodio quedó integrado al Consejo Indígena de esa zona mediante la resolución 139 de 2025 del Ministerio del Interior.
El poder del clan también se proyectaría sobre la transición energética. Armando es descrito por fuentes locales como un “abanderado de los temas del gas y el hidrógeno verde”, con presuntos intereses propios en ese sector.
Según la investigación de El Colombiano, en la última semana de junio de 2023, cuando Petro trasladó su gobierno a La Guajira para declarar la emergencia económica y social —que la Corte Constitucional tumbaría después—, Armando habría organizado reuniones con líderes tradicionales “bajo su influencia” para presentar un apoyo unánime a los proyectos eólicos, en respuesta a la oposición comunitaria que enfrentaba el Gobierno.
“Armando ha sido clave para el Gobierno al asegurar que las comunidades wayúu apoyan la transición eólica, organizando reuniones con autoridades tradicionales bajo su control para contrarrestar a sectores opositores”, señaló una fuente local al periódico.
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