Mafe Carrascal se refirió al desalojo de decenas de familias en el barrio El Remanso, de Bosa, en Bogotá: “Esas familias cuentan con el Pacto Histórico”

La suspensión del desalojo en El Remanso en la localidad de Bosa en Bogotá, permitió que más de 130 menores y sus familias permanecieran en sus viviendas tras la intervención de la comunidad, el Congreso y actores locales, afirmó la senadora del Pacto Histórico Mafe Carrascal.

La representante comunicó que “hoy 130 niños y niñas del Remanso Uno van a dormir en sus camas”, atribuyendo el resultado a la “presión mediática, la presión política desde el Congreso de la República y, por supuesto, la presión de la comunidad”.

La funcionaria insistió en que la administración distrital debe implementar “un plan dirigido a protegerla de manera permanente”.

La líder política anunció que presentará un derecho de petición para solicitar detalles sobre la estrategia que adelantará la Alcaldía de Bogotá en este caso.

“Pero téngalo claro alcalde @CarlosFGalan, esas familias no están solas. Cuentan con el Pacto Histórico y con esta curul. Seguiremos atentamente el proceso que adelanten y esperamos privilegien los derechos de la gente por encima de los negocios. Debe haber un plan y ese plan debe estar dirigido a protegerla de manera permanente”, expresó la congresista.

Según Carrascal, el programa solicitado incluiría la adquisición del terreno bajo las condiciones de la Ley 2044, accediendo al predio por el 10% de su valor catastral, así como la formalización del barrio.

Las más de 100 familias afectadas, cerca de 500 a mil personas, según cálculos de la congresista, han pagado impuestos y servicios públicos durante dieciséis años.

“Han construido comunidad, adquirieron sus viviendas de buena fe, así que no se les puede afectar en sus derechos fundamentales”, sostuvo Carrascal en su mensaje.

El conflicto surgió cuando la autoridad local intentó ejecutar una orden de desalojo sobre un terreno en disputa. La representante enfatizó que “el derecho a la vivienda no puede ser menor que el derecho de cualquier negocio privado, menos el de un parqueadero”.

El operativo fue suspendido tras la intervención de organizaciones sociales, congresistas y la presión directa de los habitantes.

El equipo de trabajo de Carrascal mantuvo presencia en el territorio durante la jornada. “Mi equipo de trabajo ha hecho presencia en el territorio y ahí seguirá acompañando”, afirmó.

La funcionaria, quien el 5 de mayo de 2026 defendía la jurisdicción agraria desde el Congreso, reiteró su respaldo a la comunidad: “Estamos siempre con ustedes”.

La coyuntura ha renovado el debate sobre el acceso a la vivienda digna y la legalidad de los procesos de desalojo en la capital. Por último, Carrascal señaló que “la solidaridad y la acción colectiva fueron determinantes para evitar el desalojo”.

Más de 98 familias de El Remanso lograron aplazar desalojo tras presión comunitaria y apoyo de líderes locales

La suspensión del desalojo en El Remanso respondía a una orden judicial que exigía la restitución de un lote de 5.400 metros cuadrados a la empresa Sotrandes.

El fallo, reforzado en 2024, se basaba en decisiones previas que calificaban el terreno como inhabitable y peligroso. Más de 98 familias, muchas residiendo allí por más de 15 años, enfrentaban el desalojo tras alegar haber adquirido sus viviendas de buena fe y desconocer la ilegalidad en la compra.

La movilización social y la intervención de líderes locales resultaron determinantes. “La suspensión del desalojo se da en el marco de la lucha social y las marchas que hizo la comunidad”, explicó el abogado Harold Rengifo, quien destacó el papel del Concejo de Bogotá y la Personería al solicitar la revisión del proceso.

El documento emitido por la Personería señalaba posibles vulneraciones de derechos fundamentales de menores y adultos mayores.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, indicó que la administración distrital acata decisiones judiciales y aseguró el respeto a los derechos humanos: “Desde el distrito siempre estaremos listos para garantizar los derechos y la integridad de todas las personas involucradas”.

La concejala Heidi Sánchez propuso que el Estado priorice la vivienda de las familias. Por su parte, José Cuesta llamó a la comunidad a mantener la unidad y avanzar hacia la legalización de los predios: “Lo más importante son ustedes. Si se mantienen organizados, tengan la absoluta certeza que en poco tiempo, ese día sí se decretará la fiesta”.