El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, que estableció un mecanismo diferencial en el precio del diésel (Acpm) para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.
Esta decisión implica el inicio de un proceso de transición en el que los propietarios de estos vehículos comenzarán a pagar un precio más cercano al valor internacional del combustible.
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El ajuste se implementará de manera gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas.
El Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Edwin Palma, señaló que la medida tiene como finalidad corregir distorsiones en el uso de los subsidios, proteger las finanzas públicas y focalizar el gasto del Estado en sectores donde cumple una función social.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó el ministro.
La nueva regulación excluye expresamente del ajuste al transporte público de carga y pasajeros. Buses, camiones y demás vehículos destinados a prestar servicios esenciales continuarán recibiendo un diésel subsidiado, lo que evita incrementos en los costos del transporte, de los alimentos y del costo de vida de los hogares.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) ha sido la herramienta mediante la cual el Estado asumía el costo de mantener bajos los precios internos frente a las fluctuaciones internacionales.
Según el diagnóstico oficial, este mecanismo terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, generando un alto costo fiscal. El ajuste apunta a reducir el déficit del Fepc y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo con el decreto, el desmonte del subsidio para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales será gradual y tendrá un plazo máximo de seis meses para su implementación.
Durante ese tiempo, las autoridades deberán definir la metodología técnica y operativa, estableciendo los criterios, controles y mecanismos para aplicar el nuevo esquema de precios de manera efectiva y transparente.
El Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio de Hacienda, será responsable de establecer el ingreso al productor del combustible en este contexto.
La aplicación inicial de la medida se concentrará en 75 municipios, entre los que se encuentran las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y otras zonas priorizadas por su alta demanda de diésel y por contar con capacidad tecnológica y operativa para controlar y monitorear el consumo por tipo de vehículo.
El listado de municipios incluye localidades como Envigado, Bello, Soledad, Montería, Zipaquirá, Pereira, Ibagué, Palmira y Jamundí, entre otras.
Voceros de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) indicaron que los precios todavía no han subido en las estaciones de servicio, ya que el Ministerio de Minas y Energía debe precisar los montos y el cronograma de los aumentos.
Según el gremio, el incremento podría superar los $3.000 por galón para igualar el precio internacional. El presidente de Comce, David Jiménez, expresó a El Colombiano que el gremio solicitó que la medida se aplique a nivel nacional para evitar distorsiones regionales.
“Si se hace por municipios, se generarían diferenciales de precios que llevarían a que los consumidores se desplacen a tanquear donde sea más barato”, expresó.
La exclusión del transporte público y de carga de la medida responde al objetivo de proteger a sectores estratégicos de la economía y la movilidad, así como de evitar un impacto directo en los precios al consumidor.
El Gobierno nacional reiteró que este cambio no corresponde a un aumento generalizado del diésel y que el mecanismo diferencial busca corregir un subsidio que no era considerado justo ni sostenible, destinando los recursos públicos a donde más se requieren.
El decreto contempla que, en los seis meses de transición, se realice un seguimiento y control estricto a la evolución de los precios y al impacto sobre los sectores involucrados, antes de considerar una ampliación de la medida a otros municipios o regiones. Se espera que este proceso permita evaluar la eficiencia y equidad del nuevo esquema y su contribución a la estabilidad fiscal del país.
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