Habrían quedado en libertad los tres capturados por controversial contrato de mantenimiento de helicópteros rusos

A mediados de diciembre, un juez de Control de Garantías avaló la detención de tres funcionarios de alto rango vinculados al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación No. 32.

Los detenidos aparecen involucrados en un caso de corrupción que gira en torno a un contrato de gran valor para el mantenimiento de helicópteros Mi-17, suscrito entre el Estado colombiano y la firma estadounidense Vertol Systems Company.

Sin embargo, recientemente, luego de una audiencia que se extendió por aproximadamente tres horas y media, un juez de control de garantías dispuso la liberación inmediata de los tres individuos arrestados hace dos semanas en el marco de la investigación sobre el contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros MI-17 de origen ruso.

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Los implicados son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, perteneciente a la Brigada 32 de Aviación y responsable del programa de mantenimiento de los helicópteros MI-17; Hugo Mora Tamayo, quien ocupa la dirección de contratación estatal en el Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección, Capacidades e Innovación de esa misma entidad.

Según información de el diario El Tiempo, el juez respaldó la postura de la defensa del coronel Rincón, liderada por el abogado penalista Juan Felipe Criollo. El argumento central fue que los capturados no constituyen una amenaza para la sociedad ni existe un riesgo de que puedan incurrir en nuevos actos delictivos.

De acuerdo con el medio antes mencionado, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra los implicados por presuntas conductas como manipulación de documentos oficiales, participación irregular en procesos contractuales, omisión de requisitos legales en contrataciones, tráfico de influencias, decisiones contrarias a la ley, uso indebido de su cargo y apropiación de recursos públicos.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía pidió a Interpol emitir una circular roja para localizar a dos directivos asociados a Vertol System: Carlos Martín Uribe, quien representa a MI Series Personnel & Parts, y James Lester Montgomerie, director ejecutivo de la empresa. Ambos permanecen involucrados en el caso.

De acuerdo con el medio antes mencionado, durante la audiencia en la que se revisó la legalidad de las detenciones, el fiscal José Ignacio Arias indicó que el coronel Rincón, especialista en temas contractuales, presuntamente redujo los requisitos de documentación necesarios para demostrar la solvencia financiera de Vertol. Para la Fiscalía, la empresa carecía de las condiciones técnicas y económicas requeridas.

En su momento, la Fiscalía atribuyó a los involucrados la manipulación del proceso contractual con el propósito de beneficiar a Vertol Systems, una compañía que no reunía los criterios técnicos exigidos para el proyecto.

Entre las anomalías reportadas se encuentran alteraciones en documentos públicos, influencia indebida en decisiones administrativas y probables delitos relacionados con prevaricato y apropiación de recursos estatales. Los acusados enfrentan cargos por falsificación ideológica de documentos, tráfico de influencias, prevaricato y peculado por apropiación.

El ente investigador sostuvo que el coronel Rincón intervino de manera irregular en el proceso de adjudicación del contrato multimillonario para el mantenimiento de los helicópteros rusos, apartándose de su papel como evaluador y ejerciendo presión para que la firma estadounidense obtuviera el contrato, aunque no cumplía con las condiciones establecidas. “El coronel se extralimitó al interferir en el proceso administrativo, alterando la contratación directa y afectando los principios de transparencia”, señaló el fiscal asignado al caso.

A pesar de la premura institucional por concretar el proceso antes de que concluyera el año 2024, y tras recibir autorización para dar inicio a la contratación, el oficial, en su rol de gerente del proyecto, habría concedido prórrogas al proponente para que completara requerimientos técnicos y flexibilizado los criterios para demostrar la capacidad financiera, lo que habría resultado en un beneficio indebido para la compañía.