Fiscalía confirma acusación y detención preventiva contra 14 expolicías por desaparición de 14 personas en 1982

La Fiscalía General de la Nación confirmó en segunda instancia la resolución de acusación y la medida de aseguramiento con detención preventiva contra 14 exoficiales de la Policía Nacional, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada agravada de 14 personas, ocurrida entre los meses de marzo y septiembre de 1982 en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca).

La decisión fue adoptada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien dejó en firme la acusación proferida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, al considerar que existen méritos suficientes para llevar a los procesados a juicio penal por un crimen que, según la Fiscalía, continúa vigente por tratarse de un delito de ejecución permanente.

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Rechazadas nulidades y apelaciones de la defensa

Con esta determinación, el ente acusador rechazó las solicitudes de nulidad y las apelaciones interpuestas por los abogados defensores, quienes buscaban dejar sin efectos tanto la acusación como la medida de aseguramiento impuesta contra los exintegrantes de la institución policial.

De acuerdo con la Fiscalía, el análisis del caso permitió establecer que la investigación cuenta con elementos probatorios suficientes para sostener la imputación por desaparición forzada agravada, una conducta que reviste especial gravedad debido a la condición de servidores públicos que ostentaban los procesados en el momento de los hechos.

Investigación reactivada por orden de la Corte Suprema

La Fiscalía recordó que este proceso judicial fue reactivado tras una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011, lo que permitió reabrir un expediente que durante décadas permaneció sin avances sustanciales.

Según el ente investigador, la indagación evidenció que los entonces servidores de la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) presuntamente se concertaron con el grupo ilegal autodenominado ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS), con el objetivo de lograr el rescate de tres menores de edad que habían sido secuestrados.

Retención ilegal y desaparición de 14 personas

En el marco de ese supuesto acuerdo ilegal, los procesados habrían retenido de manera arbitraria a 14 personas, quienes posteriormente fueron desaparecidas. Entre las víctimas se encontraban siete estudiantes universitarios, cuatro ciudadanos y un niño, este último retenido durante cinco días en una estación de Policía, antes de perderse su rastro.

La Fiscalía señaló que, 42 años después de ocurridos los hechos, se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, lo que refuerza la tipificación del delito como una desaparición forzada de carácter permanente.

“Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que décadas después aún no se conoce el paradero de las víctimas, el fiscal del caso dispuso la detención preventiva de los procesados”, explicó la Fiscalía en su pronunciamiento oficial.

Detención preventiva para evitar continuidad del delito

Además de la acusación formal, el ente acusador reiteró que la medida de aseguramiento de detención preventiva fue impuesta como una forma de evitar la continuación de la actividad delictiva, dadas las características del delito y su impacto prolongado en el tiempo.

La detención se hará efectiva en los lugares de residencia de los procesados, conforme a lo establecido en la resolución judicial que permanece vigente tras la decisión de segunda instancia.

Quiénes son los acusados

Entre los acusados figura el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz, así como los oficiales retirados Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo.

También fueron llamados a juicio los suboficiales retirados José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva, y los agentes retirados Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.

Antecedente de la acusación formal

Cabe recordar que el 7 de mayo, la Fiscalía ya había dado a conocer la acusación formal contra los 14 exintegrantes de la Policía Nacional, en el marco del proceso conocido como ‘Colectivo 82’, tras valorar las pruebas recopiladas durante años de investigación.

Con la decisión de segunda instancia, la Fiscalía ratifica su postura frente a uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el país, ocurrido en un contexto de violencia y connivencia entre estructuras estatales y grupos ilegales, y reafirma su compromiso con el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.