“Tiene dos días hábiles”: Gobierno Petro es investigado por millonaria transacción que hizo con inversionista extranjero

La Contraloría General de la República (CGR) abrió un proceso de control fiscal sobre una operación financiera que involucra la venta directa de Títulos de Tesorería (TES-B) del Gobierno de Gustavo Petro, por un valor de $23 billones. La transacción, efectuada el 19 de diciembre de 2025 con un inversionista extranjero cuya identidad de manera oficial permanece en reserva, dio lugar a múltiples cuestionamientos relacionados con el manejo de tasas de interés superiores a las del mercado y la falta de transparencia en su estructuración.

Dicha operación, por su magnitud y opacidad, elevó la preocupación sobre las posibles consecuencias negativas para las finanzas públicas, mientras que la identidad del comprador y los motivos detrás de la venta siguen sin ser aclarados por el Ministerio de Hacienda. Y es que los TES, que emite el Ministerio de Hacienda y administra el Banco de la República, son instrumentos que permiten al Estado acceder a fondos bajo condiciones de tasa fija o variable, pueden estar denominados en dólares o en unidades de valor real (UVR) y contemplan distintos plazos de pago.

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El proceso cobró más visibilidad ahora que la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila Plazas, un informe completo sobre la operación, que debía incluir detalles del monto, modalidad y condiciones pactadas. La solicitud se produjo tras la recepción de un derecho de petición ciudadano y la detección de “irregularidades” en el mercado de deuda pública.

Al respecto, en una comunicación oficial, la Contraloría advirtió que “en el mercado de deuda pública colombiana, hoy diciembre 19 de 2025 se están pasando registros de emisiones por parte del Ministerio de Hacienda por más de $20 billones a tasas 40 puntos básicos fuera de mercado sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas de la nación y por fuera de los programas de emisión normales que evitan este tipo de detrimento en favor de un tercero específico”.

Ante esto, el ministerio cuenta con un plazo de dos días hábiles para remitir la información requerida, durante el que deberá aportar elementos que permitan verificar los procedimientos y justificar los términos de la operación.

Aspectos técnicos de la operación

Según el ente de control, el eje de la investigación es determinar si la venta respondió a una nueva emisión de deuda o a la enajenación de títulos ya existentes en el portafolio de la Tesorería. El requerimiento oficial exige especificar el monto vendido, tanto nominal como de mercado, así como las tasas aplicadas y las referencias de los TES-B implicados. También se demanda confirmar el precio de compra original, en caso de que se trate de títulos de portafolio, a fin de evaluar un posible perjuicio patrimonial para el Estado.

De igual forma, la tasa de interés acordada ronda el 13% efectivo anual, valor que supera en 3,75 puntos porcentuales la tasa de referencia vigente del Banco de la República, establecida entonces en 9,25%.

Identidad y naturaleza del comprador

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no reveló quién adquirió los bonos. Entre analistas del mercado y publicaciones especializadas circula la versión de que el comprador habría sido Pimco Offshore Funds, una filial de Pacific Investment Management Company (Pimco) registrada en Islas Caimán y conocida por su presencia en mercados considerados de alto riesgo, como el colombiano.

Sin embargo, la información no fue confirmada de manera oficial y permanece en el terreno de la especulación dentro de los círculos financieros.

Críticas técnicas y económicas

Entre las voces críticas destaca la del director saliente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que señaló las implicaciones negativas de la opacidad en la operación y la falta de información sobre el comprador y las condiciones de la venta.

Mejía afirmó, por medio de X, que “esa opacidad, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede terminar encareciendo el financiamiento del Estado en su conjunto. La urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios; este tipo de operaciones opacas erosionan la confianza del mercado y sientan un pésimo precedente”.

Además, expresó que el monto y la estructura de la operación dificultan evaluar la conveniencia y señaló que estos procedimientos se alejan de los estándares internacionales de transparencia y competencia.

Denuncias disciplinarias

El economista Luigi Parra formalizó ante la Procuraduría y la Contraloría una denuncia fiscal y una queja disciplinaria, en la que aludió a un posible detrimento patrimonial y a la trasgresión de principios elementales en la administración pública.

“Según información pública, el Gobierno de Gustavo Petro a través del Ministerio de Hacienda y su ministro, realizó una operación de venta directa de TES por $23.000.000.000.000 a una tasa cercana al 13% efectivo anual”, indicó Parra al resaltar el desfase respecto a la tasa de referencia (9,25%) y la existencia de opciones más económicas para financiar al Estado.

En el análisis preliminar, el economista destacó que “en el mercado financiero, el diferencial frente a la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (7 puntos porcentuales) y títulos comparables que oscilan entre el 7% y el 12,46%, la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, implica, a todas luces, un mayor costo financiero para los colombianos”.