La Amazonía, una extensa región con una de las mayores concentraciones de diversidad en flora y fauna, y considerada el pulmón del mundo, enfrenta una transformación silenciosa y peligrosa debido a la presencia y expansión de grupos armados que operan en la región, tanto del lado colombiano como ecuatoariano.
Entre estos actores destaca Comandos de Frontera, estructura adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y liderada por Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, uno de los ocho líderes de grupos armados organizados en Colombia, y que no integrará las Zonas de Ubicación Temporal aprobadas por el presidente Gustavo Petro, debido a que cuenta con una orden de extradición vigente a los EE. UU.
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Este grupo que se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno colombiano es un claro ejemplo del alcance de las economías ilegales en la zona, que combinan narcotráfico, minería ilegal, control territorial y lavado de activos.
Así lo reseñó la ONG (Organización No Gubernamental) International Crisis Group en su informe El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado, y que concluyó que la debilidad estatal y las fronteras porosas han facilitado el auge de redes criminales transnacionales en la cuenca amazónica.
Los Comandos de Frontera, tras la conquista de las rutas de narcotráfico en la Amazonía
Los Comandos de Frontera, que en principio operaban en Putumayo, han ampliado su influencia hacia Perú, donde paga a campesinos para la conversión de bosques en plantaciones de coca, especialmente al sur del río Putumayo.
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El grupo también participa en alianzas con organizaciones criminales de otros países, como Los Lobos en Ecuador, lo que le permite exportar cocaína desde la costa del Pacífico y proteger operaciones de minería ilegal en territorio ecuatoriano.
El informe señala que la presencia de grupos armados colombianos, como Comandos de Frontera, el ELN y disidencias de las Farc, es central en las economías ilícitas amazónicas.
Estas estructuras han logrado combinar el control territorial, la regulación de actividades ilegales y la expansión transfronteriza.
En el caso del ELN, se mantiene activo en el sur de Venezuela, particularmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, desde donde participa en corredores de narcotráfico y minería ilegal conectados con Brasil y Guyana.
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Un coctel de grupos criminales entre fronteras
Además de los grupos colombianos y ecuatorianos, en la dinámica criminal amazónica participan organizaciones brasileñas como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), así como redes venezolanas.
Esta red criminal opera como una “corporación transnacional”, según funcionarios de seguridad citados en el informe, y extiende su control a lo largo de rutas fluviales y terrestres que atraviesan varios países.
La expansión de estas estructuras ha impactado gravemente a la población civil, que sufre asesinatos, campañas de “limpieza social” y cooptación, además de ser utilizada como mano de obra y escudos humanos.
Crisis Group estima que estas organizaciones tienen presencia en al menos el 67% de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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En localidades como Tabatinga, en la frontera entre Brasil y Colombia, grupos como Comando Vermelho publican listas de personas amenazadas de muerte para silenciar la oposición y consolidar el control social.
El impacto ambiental del accionar de estos grupos armados organizados en la Amazonía
La expansión de cultivos de coca y la minería ilegal han provocado deforestación masiva, contaminación de ríos y destrucción de hábitats.
El informe detalla que más del 70% de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 kilómetros de los principales corredores abiertos por las organizaciones criminales.
Las sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de cocaína y el mercurio empleado en la minería ilegal han contaminado fuentes de agua, afectando la salud de comunidades indígenas y campesinas.
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En algunos pueblos amazónicos, se han detectado niveles de mercurio en sangre superiores a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
A estos problemas se suma el aumento del consumo de drogas en comunidades indígenas y rurales, fenómeno vinculado tanto a los pagos en pasta base de cocaína como al acceso facilitado por la presencia de los grupos armados.
El documento advierte que, pese a los esfuerzos de los gobiernos de la región, la respuesta estatal ha sido fragmentada y menos eficiente que la dinámica criminal.
Para esto, se recomienda fortalecer la coordinación transnacional y establecer controles más estrictos sobre las cadenas globales de suministro de oro, madera y materias primas, para evitar que productos asociados a la destrucción ambiental e ilícitos lleguen a mercados legales internacionales.
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