La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el 13 de mayo de 2026 el informe de ponencia de la Jurisdicción Agraria, un proyecto fundamental del Gobierno Petro que busca crear tribunales especializados para conflictos rurales.
La bancada oficialista logró el avance tras superar impedimentos y tras la radicación de un mensaje de insistencia por parte de los ministerios de Agricultura y de Justicia. Sin embargo, el trámite de la Jurisdicción Agraria enfrenta una carrera contrarreloj, ya que el proyecto debe pasar dos debates más antes del 20 de junio de 2026 para evitar su archivo, y cuestionamientos de la oposición sobre su pertinencia.
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Frente a esto, la candidata presidencial, Paloma Valencia, presentó recursos legales contra los cambios agrarios propuestos por la actual administración.
En reacción a las acciones de la congresista del Centro Democrático, Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño, envió un mensaje a los colombianos, durante un evento en Pasto, sobre la necesidad de cambios a nivel agrario.
“Los movimientos sociales, el movimiento campesino, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y su derecho a movilizarse y a proteger todos sus derechos y su dignidad”, expuso el senador del Pacto Histórico, enfatizando la necesidad de defender la propuesta bandera de su proyecto político.
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En su pronunciamiento, acusó tanto al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, como a Paloma Valencia de defender a los dueños de latifundios y empresarios dedicados al agro. Incluso, señaló que sus propuestas e ideología buscan mantener el despojo de tierras a pequeños cultivadores, con el fin de mantener su poderío económico.
“Así que señor Uribe, señora Valencia, terratenientes que tienen intereses y que sabemos cuáles son: proteger bandidos, seguir legalizando el despojo. Ha llegado la hora de crear una jurisdicción agraria que defienda y proteja al pueblo colombiano y resuelva pacíficamente los litigios de la tierra”.
Corte Suprema se pronunció sobre proyecto de jurisdicción agraria
La advertencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de creación de la jurisdicción agraria llega en un momento en el que el debate público en Colombia está polarizado por la reforma rural y la distribución de la tierra.
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El máximo tribunal, que junto a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural tomó postura sobre el texto discutido en el Senado de la República, alertó sobre la necesidad de mantener un control judicial especializado en los procesos relacionados con la propiedad y adjudicación de terrenos.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se produce tras declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que la justicia podría estar obstaculizando la entrega de tierras a campesinos, tema central de su agenda.
El alto tribunal desmintió que se oponga a la labor de la Agencia Nacional de Tierras y rechazó cualquier intención de frenar la reforma.
“Es especialmente relevante precisar que los procedimientos agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones, reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria y caducidad administrativa, regulados principalmente por la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, no pueden concebirse exclusivamente como actuaciones administrativas, aun cuando su trámite inicial se adelante ante la Agencia Nacional de Tierras”.
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El núcleo del pronunciamiento del tribunal es la preocupación porque los procedimientos mencionados recaigan de forma predominante en autoridad administrativa, limitando la intervención del juez agrario solo a casos excepcionales. El tribunal advierte que todas estas actuaciones en disputa de tierras exigen un “control judicial pleno, oportuno y especializado”, más allá de los límites usuales para presentar objeciones en vía administrativa.
En su análisis, la Corte también plantea la importancia de coordinar de manera precisa las competencias de las instituciones responsables. Recomienda armonizar el esquema de atribuciones del Consejo de Estado en materia agraria, equiparándolo a la delimitación ya propuesta para la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la misma Corte Suprema, para garantizar una interpretación coherente de la normativa y la política pública agraria.
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