La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, de 52 años, tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, ha generado una creciente alarma en el sector salud y en las autoridades distritales.
El caso, ocurrido el 13 de mayo de 2026 en un establecimiento del barrio Venecia, ha destapado graves denuncias sobre prácticas médicas irregulares, personal sin acreditación profesional y ausencia de permisos sanitarios.
Hoy, la investigación avanza mientras la familia de la mujer continúa sin conocer su paradero.
El punto más crítico del caso es la presunta extracción de una cantidad excesiva de grasa durante la lipólisis láser.
Según el testimonio de Estefanía López, amiga cercana de la paciente, a Toloza le habrían retirado cerca de 10 litros de grasa, cifra que fue reconocida por la persona que realizó el procedimiento y que, según sus palabras en la emisora La Kalle, superaba ampliamente los límites recomendados.
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La doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, explicó al medio citado que en condiciones seguras la extracción no debería superar entre 5 y 6 litros en un solo procedimiento, debido a los riesgos de complicaciones severas.
De acuerdo con el relato de las amigas de la víctima, el procedimiento se realizó en un establecimiento identificado como Beauty Láser M.L., que operaba como centro estético sin habilitación médica formal. El procedimiento habría sido catalogado como lipólisis láser, una intervención que combina energía láser para disolver tejido adiposo antes de su extracción.
Sin embargo, según los testimonios recogidos, no se habrían cumplido protocolos básicos de cirugía ni monitoreo anestésico adecuado.
Las fuentes cercanas al caso indican que el proceso fue dirigido por David Ramos, quien habría actuado como responsable del procedimiento sin contar con formación médica acreditada.
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Según Estefanía López, Ramos llevaba pocos meses vinculado al lugar y habría pasado de asistente a encargado de intervenciones estéticas sin la debida certificación profesional. Este hecho es uno de los principales puntos bajo investigación por parte de las autoridades sanitarias y judiciales.
En cuanto a las condiciones de la intervención, los testimonios señalan que Toloza ingresó al lugar el 13 de mayo en horas de la mañana.
El procedimiento se extendió durante varias horas y, tras finalizar, la mujer presentó signos de deterioro físico evidente: dificultad respiratoria, palidez, sudoración excesiva y labios morados.
Familiares aseguran que fue dejada en una zona de recuperación improvisada, sin supervisión médica constante.
No existe información oficial sobre el costo exacto del procedimiento, aunque allegados sostienen que fue ofrecido como un tratamiento estético de carácter “asequible” dentro de la oferta informal del centro.
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Horas después de la intervención, la situación se tornó crítica. Según el relato de sus acompañantes, Toloza envió mensajes de auxilio desde su teléfono móvil en los que pedía ser trasladada a un hospital.
Expresiones como “voy vomitando” y “llévenme al hospital” evidencian su estado de gravedad. Poco después, su comunicación se interrumpió, presuntamente por falta de batería o por su condición física.
La investigación, respaldada por la Secretaría de Salud de Bogotá y autoridades locales, reveló además que el establecimiento no contaba con autorización sanitaria ni cumplía estándares de infraestructura médica.
La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó que el lugar operaba de forma irregular. También se investiga la presunta eliminación de cámaras de seguridad después de la desaparición, lo que ha complicado la reconstrucción completa de los hechos.
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Uno de los elementos más inquietantes del caso proviene del análisis de videos de seguridad externos. Según versiones de las amigas, se observa a dos hombres trasladando a la paciente en un vehículo particular en estado inconsciente, siendo esta la última imagen conocida de Toloza antes de su desaparición.
El caso ha derivado en el cierre temporal del centro y en la apertura de una investigación penal contra los responsables, incluyendo a María Fernanda Delgado, señalada como propietaria o representante del establecimiento.
También se han recolectado testimonios de testigos y personal del lugar, mientras las autoridades intentan determinar si hubo negligencia médica, abandono de paciente o incluso posible ocultamiento de información.
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