El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció un sobrecosto de medicamentos en Colombia, señalando que esta situación dificulta el acceso a tratamientos y afecta la recuperación de los pacientes. Según el mandatario, “le suben dos y tres veces el precio a los medicamentos para estafar a Colombia”, aludiendo a la necesidad de que los países latinoamericanos produzcan sus propias medicinas para evitar intermediarios que incrementen los precios.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, respondió a la denuncia y reveló que en agosto de 2025 se detectaron sobrecostos de hasta 7.000% en varias IPS del país. “Señor Presidente, ojalá fuera dos o tres veces el sobrecosto, desde la Superintendencia hemos encontrado que mayoristas e IPS han excedido los precios máximos de medicamentos con sobrecostos de hasta 7.000%”, afirmó Rusinque
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En reacción, Petro calificó el incremento de precios como “el mayor robo a la salud y al sistema del país”. El presidente precisó que “el sobrecosto de medicamentos en el año 2023 fue de 700.000.000.000 de pesos. Es el robo a la salud que la oposición quiere mantener”, escribió en su cuenta de X.
Los descargos del jefe de Estado no cesaron, puesto que en la misma plataforma aseguró que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la crisis del sistema de salud colombiano. Desde su perspectiva, la manera en que operan obligó el cierre de hospitales y clínicas por falta de recursos.
“Se llevaron los dineros de la salud. La integración vertical en las EPS es el mayor mal del sistema, así quiebran hospitales y clínicas privados y públicas para que las que son del dueño de la EPS, que no deberían existir, den máximas utilidades y así se llevan sus dineros”, expuso Petro.
A su vez, aprovechó para lanzar una pulla contra el dueño de EPS Sanitas, a quien responsabilizó de negociar con la salud de los colombianos.
“O se es EPS o se es dueño de clínica, no ambas cosas, porque ordeñan los recursos públicos Números e investigación que los amigos del dueño de Keralty en el poder no padrán borrar(sic)“, explicó el mandatario.
Y agregó: “Las EPS en 2023 vendieron 8,3 millones de medicamentos con advertencias en su registro sanitario”.
Consejo de Estado ordena a Petro rectificar declaraciones sobre la EPS
El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar públicamente sus declaraciones contra Joseba Grajales, propietario de la EPS Sanitas, tras considerar que vulneró derechos fundamentales del empresario por acusarlo de delitos sin sentencia judicial. La decisión obliga al mandatario a emitir una rectificación en condiciones de difusión equivalentes a las de la alocución presidencial en la que realizó las afirmaciones.
La sentencia de la alta corte modificó el fallo de primera instancia y amparó los derechos de Grajales, al concluir que, aunque el presidente puede criticar la gestión del sistema de salud y de las EPS, no le está permitido atribuir conductas delictivas a una persona sin que exista una decisión judicial. El tribunal enfatizó que la rectificación debe respetar el buen nombre y la presunción de inocencia del empresario, y que debe realizarse con un alcance mediático similar al de las declaraciones originales.
El origen de la controversia se remonta al 25 de julio de 2025, cuando Petro se refirió en una intervención oficial a la situación financiera de Sanitas, entidad que en ese momento estaba intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Durante la alocución, el presidente afirmó: “Entonces nos quitaron ahí Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”.
El Consejo de Estado consideró especialmente graves las afirmaciones en las que Petro se refirió directamente al propietario del Grupo Keralty, conglomerado multinacional dueño de Sanitas. En esa intervención, el mandatario declaró: “Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”.
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