Frisby España mantiene su plan de expansión en restaurantes pese a pleitos legales con la empresa colombiana

A través de un comunicado emitido el 19 de diciembre, Frisby España comunicó su decisión de mantener el plan de apertura de puntos de venta en restaurantes en España a partir de marzo de 2026, conforme a los lineamientos legales vigentes.

Según el comunicado de la compañía, este paso forma parte de su estrategia de expansión y se desarrolla en paralelo a los procedimientos jurídicos actualmente en curso en Europa y América Latina, sobre los que la empresa informó avances recientes destacados.

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“Tras la adopción de medidas cautelares provisionales en primera instancia —propias de una fase preliminar y no decisoria sobre el fondo del litigio— la compañía ha continuado desarrollando su estrategia jurídica, institucional y financiera con plena normalidad, reforzando su posición de cara a las próximas etapas del procedimiento", indicó el comunicado.

Enviarán a análisis las similitudes entre las marcas

En el proceso de defensa y argumentación jurídica, Frisby España sostuvo que formalizó un acuerdo de colaboración académica con la Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo, según la compañía, es la elaboración de un estudio científico, independiente y metodológicamente riguroso que analice el grado de notoriedad real de la marca en el mercado español, ajustado a los criterios del derecho de la Unión Europea en materia de marcas.

Este estudio se encontraría en fase de elaboración por un equipo de expertos en marketing, análisis de mercados y propiedad industrial, con perspectivas de ser presentado ante tribunales españoles y europeos como prueba en los procedimientos en curso.

“Una vez finalizado, Frisby España prevé presentar sus conclusiones ante los tribunales españoles y, en su caso, ante las instancias europeas competentes, como elemento probatorio en los procedimientos en curso”, se señaló en la comunicación.

Frisby España busca la valoración de la marca en compañías de patentes

Asimismo, la compañía anunció que presentó observaciones finales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), señalando presuntas deficiencias jurídicas, temporales y territoriales en las pruebas de uso presentadas por la contraparte.

La empresa añadió que espera una valoración estricta de las autoridades conforme al marco normativo aplicable.

“En el ámbito judicial, Frisby España se encuentra actualmente en una fase avanzada de preparación del recurso de apelación cuanto a las medidas cautelares, así como de una demanda reconvencional, fundamentadas en un análisis exhaustivo del expediente, de la jurisprudencia aplicable y de los hechos objetivos acreditados”, agregó la misiva.

La empresa también expresó que, tras la inadmisión de una acción de tutela contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, ejercerá acciones ordinarias en los ámbitos penal y civil.

“(...) la compañía anuncia que, tras la inadmisión de una acción constitucional preliminar (acción de tutela) interpuesta contra una senadora de la República, ejercerá las acciones correspondientes en sede ordinaria, tanto en el ámbito penal como civil, convencida de la solidez jurídica de su posición”, anotó el comunicado.

Este criterio se extenderá a influenciadores y terceros que hayan difundido información falsa o gravemente inexacta, como parte de la defensa de su honor, seguridad y reputación.

“A día de hoy, decenas de ciudadanos colombianos están siendo requeridos o convocados por las autoridades policiales y judiciales en Colombia en el marco de investigaciones penales en curso. Frisby España participa en dichos procedimientos en calidad de parte civil, con el objetivo de que los hechos sean plenamente esclarecidos y sancionados conforme a la ley, incluyendo, cuando proceda, penas privativas de libertad”, complementó la misiva.

Frisby España destacó que la marca hace parte de un proyecto estructurado con visión a largo plazo, “basado en el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones nacionales y europeas”.