
El Clan del Golfo, identificado también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y popularmente conocido como Urabeños, emergió del desmonte paramilitar en Colombia para consolidarse como una organización criminal de alcance nacional.
Su trayectoria y evolución han sido objeto de análisis en Insight Crime, que sitúa al grupo como uno de los principales actores de economías ilícitas en el país.
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Sus actividades abarcan principalmente el tráfico transnacional de drogas, donde controlan rutas, laboratorios, almacenamiento y envíos en regiones costeras y zonas fronterizas. Además, obtienen ingresos sustanciales de la minería ilegal de oro y la extorsión a comerciantes, mineros y transportadores.
“El Clan del Golfo se dedica principalmente al tráfico transnacional de drogas”, destaca Insight Crime sobre su función en el circuito del narcotráfico.

Inicios de esta banda delincuencial
El grupo surgió en la región de Urabá, con raíces que se remontan al paramilitarismo encabezado por Vicente Castaño y lugartenientes como Don Mario.
Tras la muerte de Castaño, Don Mario reorganizó la estructura y expandió el control hacia otros departamentos clave como Córdoba y Antioquia.
Al ser capturado en 2009, la conducción pasó a los hermanos Úsuga, quienes profundizaron la formalización y expansión del llamado Estado Mayor, extendiendo la operación a todo el norte colombiano.
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Con la muerte o captura de varios cabecillas, el grupo ha sumado a su modelo células locales organizadas bajo un sistema de franquicias.
Actualmente, el Clan del Golfo mantiene presencia activa en más de 20 departamentos de Colombia y se ha expandido internacionalmente, particularmente hacia Panamá y en redes criminales europeas y mexicanas. Su influencia se sostiene por alianzas con el Cartel de Sinaloa y la mafia ‘Ndrangheta de Italia.
El grupo enfrenta rivalidades con el ELN, disidencias de las Farc y grupos como Los Pachenca, derivando en frecuentes disputas por territorios estratégicos para el tráfico y la minería ilegal.
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A pesar de la captura de líderes emblemáticos, el Clan ha resistido el golpe y “logró mantenerse vigente como uno de los principales grupos en el tablero criminal colombiano”.
Número de integrantes a lo largo del tiempo
Según cifras oficiales citadas por Ideas para la Paz (Indepaz) en 2017, este grupo contaba con unos 1.900 integrantes en su componente armado y una extensa red de subcontratación distribuida por múltiples regiones nacionales.
El Ministerio de Defensa en su momento indicaba que en 2017 el grupo disponía de más de 1.800 miembros, cifras muy inferiores a los 4.000 alcanzados en 2009, su periodo más fuerte.
El Gobierno de Juan Manuel Santos comunicó en 2015 que la primera fase de la Operación Agamenón desmanteló la mitad de su estructura. Posterior a ello, las campañas Agamenón y Cóndor permitieron la captura de más de 2.800 integrantes, según datos divulgados en mayo de 2022.
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El Clan del Golfo reúne estructuras paramilitares, organizaciones criminales y “socios” que colaboran directamente con los dirigentes.

Su influencia abarca 107 municipios colombianos en los 20 departamentos colombianos donde tiene presencia, principalmente en el Urabá antioqueño, chocoano, sur de Córdoba y zonas urbanas del Bajo Cauca, concentrando sus actividades en extorsión, minería ilegal y tráfico de narcóticos.
La presencia de la organización supera las fronteras de Colombia. Fuentes policiales confirman operaciones en 28 países de cuatro continentes.
La red criminal coordina corredores y destinos de droga en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, Brasil, Venezuela y otros países americanos. En Europa, actúan en España, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia e inclusive Albania y Ucrania. Asimismo, operan en Asia y Australia.
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La Policía Nacional estima que mensualmente el Clan podía movilizar hasta 20 toneladas de cocaína, utilizando distintas formas de camuflaje: desde vehículos de alta gama hasta almacenes de cadena y marcas de prendas y calzado.

Así opera el Clan del Golfo desde los diferentes departamentos
En los municipios bajo su dominio, el Clan del Golfo establece sistemas que, según describe Gustavo Duncan, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit en Medellín y experto en narcotráfico, mafias y conflicto armado en Colombia, funcionan como verdaderas “tecnologías de control”.
Esta estructura va más allá de la simple criminalidad: “En Colombia un narco paga a los funcionarios del Estado para que los dejen gobernar un pedazo de la sociedad. Entonces un Urabeño le paga al jefe de policía y este se convierte en la autoridad”, afirma Duncan.
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Así, la organización logra recaudar tributos, dictar justicia e incluso asumir roles policiales.
Esta lógica de captura institucional distingue la estrategia del Clan del Golfo frente a otros modelos delictivos. Mientras que en otros países los vínculos son básicamente sobornos para evitar persecutores, en regiones colombianas los pactos habilitan al grupo para gestionar territorios y funciones propias del Estado.
El resultado es un control sostenido sobre las poblaciones, que se expresa en extorsión, regulaciones y hasta administración de conflictos internos.
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