Continúa el debate sobre la ley de financiamiento, que es uno de los puntos que más expone diferencias en el Congreso colombiano respecto a lo que sería una reforma tributaria.
En el centro de la discusión se encuentra la propuesta que, según María José Pizarro, busca que quienes perciban más de 125 millones de pesos mensuales aporten una cantidad superior de impuestos, mientras que aquellos con ingresos menores verían reducidas sus obligaciones fiscales.
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Para la congresista, la justicia tributaria es un principio fundamental que debería unir a todas las fuerzas políticas.
A través de sus redes sociales emitió este mensaje: “Los mega ricos y sus representantes en el Congreso tienen un deber elemental con el país: contribuir a disminuir la desigualdad”, expresó Pizarro.
La funcionaria legislativa advirtió que existen sectores legislativos que, en su opinión, priorizan los intereses de una minoría privilegiada sobre el bienestar general.
“Hay congresistas que legislan exclusivamente para un puñado de privilegiados, por encima del bienestar de la nación. Su mezquindad será castigada en 2026”, afirmó.
La Ley de Financiamiento ha generado opiniones encontradas, pues su aprobación podría modificar de manera significativa el esquema de recaudación de impuestos en Colombia.
Mientras tanto, Pizarro insiste en que hay una necesidad de profundizar la equidad fiscal, persisten resistencias de quienes ven en la medida un posible desincentivo para sectores productivos de altos ingresos.
Sin embargo, para la congresista, la propuesta constituye una “medida básica de justicia tributaria” y una vía ineludible para combatir la desigualdad arraigada en el país.
Congreso hundió la ley de financiamiento
El rechazo de la ley de financiamiento por parte de las comisiones conjuntas del Congreso de la República, informado el 9 de diciembre de 2025, obliga al Gobierno de Gustavo Petro a buscar alternativas para cubrir el déficit de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, una cifra que, según expertos, representa menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, estimado en $547 billones.
Esta decisión anticipa la necesidad de un recorte presupuestal, tal como ocurrió tras la no aprobación de la ley de financiamiento de 2024, según explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Mejía precisó que “esos $16,3 billones representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, que asciende a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”, en declaraciones recogidas por El País.
La votación en la comisión IV del Senado resultó en nueve votos a favor del hundimiento y solo cuatro respaldando la iniciativa. El proyecto, defendido por el Ministerio de Hacienda, proponía nuevas fuentes de ingresos sin afectar la canasta familiar.
Según la cartera, la reforma “ni alimentos, servicios del hogar, transporte público, ni medicamentos y protege los ingresos de la clase media. Impulsa un esquema progresivo, cierra privilegios”, según destacó el Ministerio en sus redes sociales.
Entre las medidas contempladas, la ley de financiamiento pretendía gravar con IVA los juegos de suerte y azar en línea y establecer una tarifa progresiva de hasta 5% en el impuesto al Patrimonio, aplicable a partir de los $2.100 millones libres de deudas, excluyendo los primeros $628 millones correspondientes a vivienda familiar.
El representante a la Cámara Christian Garcés celebró el hundimiento del proyecto y sostuvo que “Colombia, antes que más impuestos, necesita una reforma estructural que reduzca el gasto de funcionamiento, fortalezca la inversión, ordene las finanzas públicas e impulse los ingresos y el empleo de los ciudadanos. El Gobierno de Gustavo Petro solo piensa en gastar y no en solucionar los problemas del país”.
La falta de consensos en el Congreso impidió la aprobación de la iniciativa, lo que deja al Ejecutivo ante el reto de ajustar el presupuesto para el próximo año sin los recursos adicionales que buscaba obtener con esta reforma.
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