Organizaciones internacionales han alertado sobre el incremento en el reclutamiento de menores en Colombia. Reportes de Unicef y la ONU evidencian que esta problemática permanece en varias zonas del país y afecta a numerosas familias.
Cifras de Unicef y el reporte del Secretario General de Naciones Unidas sobre infancia y conflictos armados indican que en los últimos cinco años se triplicó la incorporación de menores al conflicto armado.
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Se ha registrado que más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron vinculados a grupos armados en ese lapso.
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Durante 2024 se han documentado 453 casos confirmados de reclutamiento.
La frecuencia observada es de un menor apartado de su familia o entorno cada veinte horas.
“Son solo los casos que se han podido monitorear; hay muchos más niños y niñas que han sido reclutados”, aseguró Julien Hayois, especialista de protección de Unicef.
El informe del Secretario General de la ONU sobre infancia y conflicto armado resalta la gravedad del fenómeno. Entre 2019 y 2024, más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron apartados de sus familias y empleados en actividades vinculadas con la violencia armada.
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Estas cifras reflejan únicamente los casos comprobados, por lo que se estima que la situación podría ser aún más extensa debido a la falta de reportes en varias regiones.
La información disponible indica que entre 2023 y 2024 la cantidad de menores reclutados y usados en el conflicto aumentó en un 64 %. En 2023 se verificaron 453 incidentes de este tipo, lo que confirma un patrón en aumento. Las poblaciones indígenas y afrocolombianas han sido las más vulnerables: en conjunto, representaron el 52 % de los casos durante los últimos dos años.
Las mayores tasas de reclutamiento se concentran en áreas de la costa Pacífica como Cauca, Nariño y Chocó, además de las zonas fronterizas con Venezuela, especialmente en Arauca y Norte de Santander. Allí, la fuerte presencia de grupos armados ilegales intensifica la exposición de menores a prácticas de captación forzada.
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El informe detalla que 59 menores reclutados sufrieron vulneraciones: 22 fueron asesinados, 14 mutilados y 23 víctimas de violencia sexual. También se destaca que las niñas están siendo reclutadas y utilizadas a edades más tempranas que los niños; “el 47 % de las niñas reclutadas y utilizadas en 2024 tenían entre 10 y 14 años”, mientras que este rango de edad representa solo “el 23 % de los niños” en iguales circunstancias.
Además, el informe menciona que los menores captados por grupos armados suelen ser obligados a realizar tareas de vigilancia, extorsión, sicariato y otras actividades delictivas.
La problemática del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados volvió al centro del debate público tras estos hechos. Después de que el Gobierno nacional ordenó bombardeos contra disidencias de las Farc, en los que murieron varios menores, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas defendiendo que la acción se realizó conforme a la ley.
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El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego afirmó que las operaciones militares respetaron los lineamientos del derecho internacional humanitario y que las decisiones tomadas buscan combatir tanto al narcotráfico como a los grupos armados al margen de la ley. Según el presidente, estas acciones no constituyen una vulneración de los derechos de la población civil ni de los menores reclutados.
El presidente Petro abordó el tema con un mensaje publicado en su cuenta de X, al responder tanto a las críticas del jurista Kai Ambos como a los cuestionamientos provenientes de la opinión pública: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”.
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“Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”, continuó el presidente en su post.
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