Por bombardeo en Guaviare en el que resultaron muertos 15 menores, comandante de la FAC deberá dar explicaciones

El reciente bombardeo en la vereda Nueva York, ubicada en el municipio de El Retorno, Guaviare, puso nuevamente en el centro del debate nacional las acciones militares contra las disidencias de las Farc y el impacto de estas operaciones sobre la población menor de edad.

La Procuraduría General de la Nación requirió explicaciones al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), por su responsabilidad en la ejecución de este ataque, realizado el 24 de agosto de 2025, en el que se reportaron bajas de menores reclutados por grupos armados ilegales.

La preocupación por la muerte de al menos 15 menores durante el gobierno de Gustavo Petro, en el desarrollo de bombardeos dirigidos contra las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco, llevó a la Procuraduría a abrir cinco indagaciones disciplinarias.

Paralelamente, la Fiscalía anunció que asumirá la investigación sobre los hallazgos encontrados en los campamentos atacados por las Fuerzas Militares.

Según información obtenida por Noticias RCN, la Procuraduría le solicitó al general Córdoba que rinda cuentas sobre la operación en la vereda Nueva York, considerada una de las más controvertidas por el saldo de víctimas menores de edad.

Además, el ente de control ordenó la inspección de la dirección de la Fiscalía en Caquetá para determinar si existían investigaciones en curso relacionadas con las operaciones militares, especialmente tras el bombardeo del 1 de octubre en Puerto Santander, en la frontera entre Caquetá y Amazonas, donde murieron cuatro menores.

Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron su rechazo a cualquier acción militar que ponga en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes. También cuestionaron las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó a los menores reclutados como combatientes.

Por su parte, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos inició el martes 18 de noviembre cinco indagaciones para establecer si las operaciones militares ordenadas por la administración de Gustavo Petro contra Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, se ajustaron al derecho internacional humanitario (DIH).

El despacho del procurador Néstor Osuna dispuso la recolección de pruebas para determinar si las tropas tenían conocimiento previo de la presencia de menores en los campamentos atacados y si la participación de los adolescentes se enmarcaba en las hostilidades.

El objetivo de la Procuraduría, que también requirió información al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares, es verificar si las unidades militares respetaron el principio de precaución, que obliga a tomar medidas de protección para evitar daños graves a personas protegidas.

Osuna firmó cinco autos de apertura de indagaciones contra miembros “por determinar” del Ejército Nacional. El primero de estos autos corresponde a la operación del 24 de agosto en la vereda New York, de El Retorno, Guaviare, donde, según el documento, “se presentaron bajas donde presuntamente había menores de edad”.

El Ministerio de Defensa y el Comando General deberán informar qué batallón participó en la ofensiva. La Procuraduría también solicitó respuestas al comandante de la FAC, el general Córdoba, y pidió a la Fiscalía copia del expediente abierto por la operación. La Justicia Penal Militar deberá remitir copia de su expediente, si existe, y el Instituto de Medicina Legal los informes de necropsias. El Instituto informó el 17 de noviembre que recibió ocho cuerpos, entre los cuales había tres menores, dos de género masculino y uno femenino.

Existen discrepancias entre Medicina Legal y el presidente Gustavo Petro sobre la ubicación de los bombardeos y las muertes de menores. Petro sostiene que cuatro adolescentes murieron en Caquetá el primero de octubre, mientras que Medicina Legal reporta que los fallecimientos ocurrieron en Amazonas.

La Defensoría del Pueblo documentó los decesos en Amazonas, específicamente en Puerto Santander. Para resolver estas diferencias, la Procuraduría realizará una inspección en Caquetá, en la que buscará veintiún pruebas, entre ellas informes de patrullaje, fotografías, órdenes de operaciones y la identificación de los participantes.

En el caso de Puerto Santander, donde “se conoció que se presentaron bajas donde presuntamente había menores de edad”, el auto de apertura exige al Ministerio de Defensa, al Comando de las Fuerzas Militares, a la Fiscalía, a la Justicia Penal Militar y al Instituto de Medicina Legal la entrega de toda la información relevante.

El procurador Osuna ordenó la recolección de las mismas pruebas para el operativo del 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare, donde murieron siete menores de entre trece y diecisiete años, y para la operación en Puerto Rondón, Arauca, donde tres días después fallecieron ocho personas, incluyendo a un menor.

Una vez que las autoridades entreguen toda la documentación solicitada, la Procuraduría realizará inspecciones disciplinarias en los lugares desde donde se dirigieron las operaciones. “A pesar de lo doloroso y terrible de la noticia, es nuestro deber indagar si hubo alguna vulneración”, afirmó Osuna.