El Congreso de la República podría hacer que Colombia pierda $7 billones por no aprobar norma propuesta por la Dian y los exportadores

La reforma al Régimen Sancionatorio Aduanero, conjunto de normas que define las infracciones, sanciones y procedimientos aplicables a quienes incumplen las normas de comercio exterior, encara una cuenta regresiva crucial en Colombia. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) instó el 13 de mayo de 2026 al Congreso de la República a aprobar el proyecto legislativo que busca modificarlo antes del 20 de junio de 2026 para evitar el archivo de procesos aduaneros y para fortalecer la lucha legal contra el contrabando.

El gremio solicitó a la corporación la aprobación urgente del nuevo régimen porque su falta dejaría sin marco jurídico cerca de 10.800 procesos aduaneros, por un valor global de $7,07 billones, e impediría a las autoridades aprehender, decomisar y sancionar mercancías ilícitas. El proyecto introduce modificaciones destinadas a distinguir entre errores y fraude, mejorar la seguridad jurídica y adecuarse a estándares internacionales tras semanas de discusión entre actores públicos y privados.

La principal preocupación del mismo es el efecto inmediato que supondría la no aprobación de la ley. Esto implicaría que la institucionalidad aduanera quedaría sin respaldo legal para aprehender mercancías, hacer decomisos o imponer sanciones, lo que afectaría la capacidad de acción oficial y la confianza de importadores y exportadores.

Para Analdex, así como para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con la que en conjunto se diseñaron los cambios, el escenario pondría en riesgo la legalidad de las operaciones formales y podría mermar la competitividad del comercio legal frente al contrabando. Resaltó la organización que el impacto va más allá de los procesos individuales.

Y es que la inexistencia de una normativa actualizada dejaría al país expuesto a un vacío legal, comprometería los avances en el combate al contrabando y debilitaría la estructura jurídica que permite el control efectivo de las cadenas logísticas internacionales. Para el sector, esto representa amenazas serias en el ámbito económico y de seguridad jurídica.

Impacto del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero

Analdex advirtió que la discusión trasciende el riesgo de vacíos legales. Según la entidad que preside Javier Díaz Molina, “la ponencia unificada que se discute es, sobre todo, una oportunidad para mejorar las reglas con las que opera el comercio exterior colombiano”, resultado de más de siete semanas de mesas técnicas desarrolladas entre el 4 de marzo y el 21 de abril de 2026, con unas 120 horas de trabajo conjunto entre sector privado, academia, autoridades y congresistas.

Anterior a esto, el 12 de mayo, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, anotó que “confiamos en el compromiso de las Comisiones Segundas para que efectivamente sea citada la sesión de continuación lo más pronto posible y se puedan cumplir estos términos perentorios”. Según él, un retraso dejaría a Colombia ante un “vacío constitucional” y sin posibilidad de realizar acciones de control aduanero fundamentales, como aprehensiones o decomisos, lo que dificultaría el cumplimiento de la ley en las fronteras.

Y es que el proceso de construcción colectiva derivó en un proyecto que, según el comunicado oficial de Analdex, recibió “respaldo transversal de las bancadas de gobierno y oposición”. Las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara sesionaron el 12 de mayo para avanzar en el primer debate de la ponencia. Sin embargo, la ausencia de votaciones virtuales aplazó la aprobación formal.

Para Analdex, la reforma es estratégica para restablecer la confianza en las reglas comerciales y brindar certidumbre a inversionistas y operadores. La asociación enfatizó en que “un régimen sancionatorio claro, proporcional y predecible es parte de la infraestructura competitiva del país, tan importante como los puertos, las carreteras y los acuerdos comerciales”.

El proyecto de ley fue elaborado acorde con recomendaciones de la Ocde y prácticas reconocidas a nivel internacional en materia de control aduanero, aspecto que Analdex considera esencial para que Colombia fortalezca su posición global y garantice seguridad jurídica a los negocios.

Principales cambios propuestos al Régimen Sancionatorio Aduanero

Dentro de las novedades clave, el gremio destacó la importancia de distinguir entre quienes actúan con debida diligencia y quienes incurren en fraude. La distinción entre error humano y dolo se materializa en los siguientes cambios reflejados en el proyecto:

• La debida diligencia como causal de exoneración: el operador que demuestre haber actuado con diligencia debida puede ser exonerado de la sanción. La buena fe deja de ser un enunciado decorativo.
• Errores formales con tratamiento diferenciado: los errores de digitación en serial o descripción dejarán de ser causal autónoma de aprehensión. Se permitirá la corrección sin sanción dentro de un plazo razonable, sin pérdida de la mercancía.
• Suspensión del cobro inmediato: los operadores con garantías globales y los operadores económicos autorizados (OEA) solo enfrentarán el cobro cuando la discusión judicial esté resuelta. Finaliza el modelo de “pague primero y defiéndase después” para la mayoría de los usuarios sujetos a registro.
• Caducidad cierta del decomiso: se establece un plazo único de cinco años para ejercer la acción de control, con criterios objetivos y verificables. El operador sabrá con exactitud a qué atenerse y hasta cuándo.
• Capacidad económica reglada: los parámetros para verificar la capacidad económica reglada quedan definidos en la ley, sin discrecionalidad del funcionario.

Según Analdex, “este no es un régimen más laxo. Es un régimen más preciso”, que permitirá que la acción estatal se concentre en el fraude real, evitando que los comerciantes formales sean tratados como sospechosos y facilitando el comercio legítimo.

La organización sostiene que la implantación de estas medidas aumentará la previsibilidad y la competitividad, al tiempo que potenciará la lucha efectiva contra el contrabando y la simulación de operaciones con proveedores ficticios.