Inspector de policía de Bosa fijó nueva fecha de desalojo: aumenta la preocupación de las familias de El Remanso por su permanencia

El futuro de las familias residentes del barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, quedó marcado por la decisión del inspector de policía número siete de fijar el 14 de julio como nueva fecha para el desalojo de aproximadamente mil personas pertenecientes a cuatrocientas familias.

La medida se sustenta en una orden judicial de cumplimiento inmediato, que busca dar respuesta definitiva a un proceso de ocupación iniciado en 2011 y que ha sido objeto de múltiples suspensiones y controversias legales.

Antecedentes judiciales y contexto del conflicto

El conflicto por la tenencia y ocupación del predio surge del proceso 6298-2011, relacionado con la perturbación a la posesión sobre un terreno reclamado por la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. (Sotrandes S.A.). Según los antecedentes, desde 2019 existe una orden de desalojo, pero su ejecución efectiva ha enfrentado sucesivas postergaciones.

Las autoridades judiciales, entre ellas el Juzgado 60 Penal del Circuito y el Consejo de Justicia de Bogotá, ordenaron la restitución del inmueble desde septiembre de 2024. Sin embargo, a mediados de 2026, el predio continuaba ocupado debido a la presencia de población vulnerable y a la falta de condiciones institucionales para adelantar la diligencia sin vulnerar derechos fundamentales.

Factores que llevaron a la suspensión del desalojo anterior

La suspensión de la diligencia previa, programada para el 6 de mayo de 2026, respondió a la ausencia de garantías mínimas para proceder sin perjuicio de los derechos fundamentales de los residentes. Entre los factores que motivaron la postergación se cuentan bloqueos y disturbios, la presencia de grupos que dificultaban el acceso, riesgos eléctricos, y la falta de logística adecuada para custodia de bienes y traslado de personas.

Además, la ausencia de instituciones clave como la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) impidió que se pudiera responder adecuadamente a la alta proporción de menores y víctimas del conflicto entre los habitantes.

La Personería Distrital presentó una acción de tutela solicitando una evaluación exhaustiva de la legalidad de la medida y la protección de derechos. Se señaló también la falta de un informe técnico de inteligencia policial que permitiera conocer los riesgos objetivos asociados al procedimiento.

En consecuencia, no se contaba con condiciones institucionales ni logísticas para garantizar un desalojo seguro ni con la capacidad de proteger a los sujetos de especial protección constitucional. La decisión de suspender la diligencia se fundamentó en la ausencia de garantías y en la descoordinación entre las entidades responsables.

Nueva fecha de desalojo y medidas adoptadas

A raíz de estos antecedentes, el inspector de policía estableció el 14 de julio como fecha definitiva para la diligencia de desalojo, en cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan la restitución sin más dilaciones. Se notificó a todas las entidades distritales, nacionales, de control y de servicios públicos la obligación de asistir y aportar recursos logísticos, infraestructura y personal capacitado para la jornada.

La Secretaría Distrital de Gobierno fue designada como coordinadora central, debiendo articular esfuerzos y recursos para la correcta ejecución del operativo. El procedimiento incluye la realización de reuniones previas de coordinación, el diseño de protocolos específicos y la definición clara de responsabilidades.

Se estableció que la carga logística recae sobre el Estado y no sobre los particulares, por lo que las entidades deben asegurar el acompañamiento necesario para un desalojo pacífico y ajustado a la protección de derechos humanos. Se fijó la presencia obligatoria de garantes como la Personería Distrital y la Procuraduría, con el objetivo de prevenir cualquier afectación a derechos como la vivienda digna, la salud y el mínimo vital.

La decisión incorpora una advertencia explícita: las entidades que no concurran o incumplan sus funciones serán reportadas para la apertura de incidentes de desacato y podrán enfrentar sanciones disciplinarias, multas o arrestos, conforme al Código General del Proceso. Esta fecha fue establecida como definitiva e improrrogable, bajo advertencia de sanciones judiciales en caso de nuevos incumplimientos.

Reacciones y alternativas propuestas por la comunidad y sus representantes

El concejal del Pacto Histórico José Cuesta Novoa expresó su desacuerdo con la medida. Según indicó el cabildante a Infobae Colombia, “el inspector de policía número 7 de la localidad de Bosa no logra comprender que no se puede desalojar a los legítimos propietarios del barrio El Remanso I”, en referencia a las familias víctimas de una estafa inmobiliaria ocurrida en 2011. Cuesta enfatizó que estas noventa y cuatro familias fueron engañadas por una mafia de tierreros y que, en consecuencia, deben ser reconocidas como legítimas propietarias de los predios.

Cuesta detalló que, ante la inminencia del desalojo, se está promoviendo la constitución de una comisión técnica con el respaldo del Ministerio Público, la Personería de Bogotá y la ministra de Vivienda, quien avaló la iniciativa. El objetivo es avanzar en una mesa de diálogo que permita una solución institucional y concertada, priorizando el derecho a la vivienda de las familias afectadas.

De acuerdo con el concejal, el valor catastral real del predio reclamado por Sotrandes es de aproximadamente 2.571 millones de pesos, cifra muy inferior a los 8.000 millones que se habían divulgado previamente. Este dato, junto con la disposición del Ministerio de Vivienda a participar activamente en la mesa técnica, abre posibilidades para que el Distrito Capital adquiera los predios y se avance hacia la titularización formal a favor de las familias residentes.

Cuesta precisó que: “no podemos permitir que cerca de cien familias que compraron de buena fe sean expulsadas de sus viviendas. Aquí debe prevalecer el derecho a la vivienda, la justicia social y una solución concertada para la comunidad”.

¿Qué ocurrirá el 14 de julio y cuál es el panorama para los residentes?

El 14 de julio de 2026, las familias de El Remanso enfrentan el riesgo de ser desalojadas definitivamente, tras años de incertidumbre y postergaciones. La decisión del inspector de policía responde a un mandato judicial que exige el cumplimiento inmediato de la restitución del predio, pero también implica la obligación de las autoridades de garantizar condiciones humanitarias y legales durante el operativo.

Las familias, muchas de ellas víctimas de una estafa inmobiliaria, insisten en su derecho a la vivienda y buscan una solución concertada que evite su expulsión y les permita regularizar su situación.

Mientras tanto, la comunidad y sus representantes mantienen la esperanza de que la mesa técnica impulsada por el concejal Cuesta y avalada por el Ministerio de Vivienda logre frenar el desalojo y materializar una alternativa que combine legalidad y justicia social.