Millonario contrato de vigilancia de la Universidad Nacional está en la lupa de la Contraloría tras denuncias por irregularidades

El contralor delegado para el Sector Educación, Andrey Geovanny Rodríguez León, solicitó el 12 de noviembre de 2025 a Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), información detallada sobre la invitación pública para contratar el servicio integral de Vigilancia y Seguridad Privada en las sedes de la institución.

La petición de la Contraloría exige a la universidad entregar, en un plazo máximo de dos días, los documentos y soportes correspondientes al proceso de selección actualmente en curso.

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“(...) se describen algunas anomalías que evidencian, al parecer, actos irregulares que podrían constituir una vulneración de las garantías de contratación transparente en las entidades públicas en Colombia, afectando los principios de igualdad, justicia, libre concurrencia y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la contratación estatal”, señaló el documento de la Contraloría.

La solicitud exige que la Unal reporte las fases adelantadas en la invitación pública, precisando las fechas, el estado del proceso y el cronograma previsto. Además, debe informar si el contrato ya fue adjudicado y firmado, así como remitir las actas de cierre de recepción de propuestas, los criterios usados para la asignación de puntajes y los documentos de respaldo.

La Contraloría también requirió las propuestas de cada proponente, sus soportes, las pólizas de seriedad de la oferta aportadas y los correos electrónicos mediante los cuales se hayan solicitado modificaciones a actas, puntajes o ajustes en la documentación de las ofertas.

“Estas situaciones, de ser verificadas, podrían configurar escenarios de favorecimiento a determinados contratistas, alterando la objetividad, imparcialidad y legalidad que deben regir todos los procedimientos de selección en el marco de la función pública”, agregó el ente de control.

La intervención de la Contraloría responde a una solicitud realizada días antes por el profesor Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario. Según denunció Torres en redes sociales, se modificó el “acta de cierre” sin informar a los interesados, lo que, de acuerdo con sus declaraciones, desconoce los principios de la ley de contratación pública.

En un video difundido en la plataforma X, Torres explicó que el 31 de octubre se publicó un acto con las propuestas de los consorcios interesados en el servicio de vigilancia. Detalló que “uno de los proponentes presenta su oferta, muy por encima del promedio de los oferentes, y posteriormente, ese mismo día, en horas de la tarde, el acta es modificada a sabiendas de que no podía hacerse. Es decir, esto es una irregularidad. Se disminuyó no solamente el valor del contrato, sino el de la póliza”, según su testimonio recogido en la publicación.

Torres añadió que, tras la modificación, la nueva oferta quedó por debajo de los 71.000 millones, enfatizando el monto involucrado y la falta de explicación sobre el ajuste. De acuerdo con el profesor, el oferente beneficiado estaría obteniendo el contrato bajo las condiciones alteradas.

La petición de Torres ante la Contraloría expuso con claridad los riesgos jurídicos y éticos derivados de las alteraciones en el proceso de contratación No. 22-2025-NAL de la Universidad Nacional de Colombia.

Fundamentó sus solicitudes en la necesidad de restituir la confianza legítima, garantizar la trazabilidad pública de los documentos y asegurar que los principios de transparencia y legalidad sean respetados en todos los actos de la administración universitaria. La intervención solicitada ante el organismo de control busca que se investiguen y sancionen las conductas señaladas, y que se restablezca la integridad del expediente contractual, reflejando el compromiso de sectores académicos con la vigilancia y el mejoramiento de la gestión pública universitaria.

“En mérito de lo expuesto, se solicita a esa honorable entidad adoptar las medidas de control y fiscalización necesarias para garantizar la transparencia y legalidad del proceso de selección adelantado por la Universidad Nacional de Colombia”, puntualizó la solicitud.