
En un nuevo capítulo de la controversia que ha caracterizado la discusión de la reforma a la salud en el Senado de la República, se conoció el lunes 10 de noviembre de 2025 que el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, presentó una acción de tutela contra la mesa directiva de la Comisión Séptima, de la que hace parte. El motivo: la negativa a agendar el debate del proyecto, pese a la insistencia del Gobierno y el mensaje de urgencia emitido desde el Ejecutivo.
De acuerdo con Díaz, que apoya la ponencia del presidente Gustavo Petro, las actuaciones al interior de la célula legislativa estarían vulnerando derechos fundamentales y pondrían en riesgo el trámite constitucional de una iniciativa de alto impacto nacional. Por ello, afirmó en su comunicación que se apruebe como único punto del orden del día de la jornada del martes 11 de noviembre el referido proyecto de ley, que transformaría el sistema de salud.
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“Solicito muy respetuosamente al despacho judicial que, como medida provisional, se ordene a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República para que en cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales precitadas, se incluya en el Orden del Día de la sesión convocada para el próximo 11 de noviembre de 2025 a las 10:30 a.m,“, exigió Fabián Díaz en el documento radicado ante un juzgado.

El senador fundamentó su petición en la urgencia de evitar que se consoliden efectos jurídicos derivados de lo que calificó como una “acción arbitraria y abiertamente inconstitucional”. Según Díaz, esta omisión podría “generar consecuencias irreversibles en un trámite de trascendencia nacional, comprometiendo el equilibrio democrático, la deliberación plural, la legalidad y la legitimidad del instrumento constitucional en cuestión”.
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Los argumentos de Fabián Díaz para exigir que se discuta la reforma a la salud
En su acción, el senador detalló el recorrido legislativo del proyecto, que fue radicado el 13 de septiembre de 2024 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, en la que surtió su trámite, hasta el 6 de marzo de 2025: al aprobarse en primer y segundo debate. “Tal cual consta en la publicación del texto definitivo aprobado de la Cámara de Representantes en la Gaceta 337 de 2025. Una vez aprobado fue remitido al Senado de la República”, explicó.

Entre las pretensiones de Díaz, como se mencionaba, figura la solicitud de una medida cautelar para que el proyecto sea agendado como único punto del orden del día, tanto en la sesión del 11 de noviembre como en las siguientes, hasta que se tramite conforme a la Constitución. De esta manera se estaría cumpliendo con el mensaje de urgencia que radicó el Gobierno para que se le dé tramite a esta iniciativa, en su segundo intento por ser aprobada en el Congreso.
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“Esta medida resulta urgente, necesaria y proporcionada, en tanto se busca evitar la consolidación de efectos jurídicos derivados de una acción arbitraria y abiertamente inconstitucional que, de haberse realizado con desconocimiento de los mínimos del Estado social de derecho, garantías mínimas y principios que rigen el procedimiento y la práctica congresional, podría generar consecuencias irreversibles en un trámite de trascendencia nacional”, advirtió.
El senador también pidió que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación democrática, al ejercicio pleno de sus funciones como congresista y a la representación de los electores.

“Solicito señor juez que tutele los derechos invocados como vulnerados en el presente escrito y, como consecuencia, conceda la medida provisional solicitada en el presente escrito, en un plazo máximo de ocho horas, a efectos de garantizar el principio de publicidad que es de obligatorio cumplimiento para la expedición del Orden del Día de las Comisiones y Plenarias en el Congreso de la República, tal cual se expone en el Artículo 82 de la Ley 5 de 1992”, reclamó.
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Finalmente, el senador instó a la mesa directiva de la Comisión Séptima a garantizar condiciones para el ejercicio de las funciones de los congresistas y a citar sesiones con la misma frecuencia que otras comisiones, especialmente cuando existe un mensaje de urgencia del Gobierno.
“Se exhorte a la mesa directiva de la Comisión Séptima a que garantice las condiciones para ejercer las funciones de congresista y las obligaciones con las que cuentan en su rol, en lo concerniente a citar sesiones con recurrencia, al menos en términos similares a las demás Comisiones Constitucionales Permanentes del Senado de la República, más aún cuando media un mensaje de urgencia e insistencia a un Proyecto de Ley”, puntualizó el parlamentario.
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