La desaparición y posible muerte del periodista Mateo Pérez en Antioquia revelarían, según el exministro y candidato presidencial Mauricio Lizcano, la muestra de la incapacidad del Estado para proteger a los comunicadores que informan desde las regiones, en medio de la ofensiva de las disidencias de las Farc, en específico lo que sería el frente 36 de esta estructura al margen a la ley, que operaría sin restricciones.
El caso, de acuerdo con el aspirante, pondría en el primer plano nacional la amenaza que enfrentan los trabajadores de medios locales ante la ausencia de garantías estatales para su libre ejercicio. Por ello, mostró su preocupación por este suceso, del cual la víctima es un joven de 23 años, director del medio digital El Confidente en Yarumal y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia.
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“La desaparición y posible muerte de Mateo demuestra que la libertad de prensa vive sus horas más oscuras. Es un atentado a los derechos de las personas, de la libertad de prensa, del derecho a informar. Más aún, porque era un periodista regional que buscaba precisamente eso, contar las historias de la violencia de su región. Esto demuestra que el Estado colombiano ha sido incapaz de proteger a sus ciudadanos”, dijo Lizcano.
La repercusión del caso de Pérez cobra mayor gravedad por tratarse de un periodista regional dedicado a documentar y visibilizar historias vinculadas a la violencia. Por ello, el exministro se solidarizó con este perfil profesional, en el que se incrementa el riesgo y expone los vacíos estructurales en protección y garantías para ejercer la libertad de prensa fuera de los grandes centros urbanos, en donde la institucionalidad del Estado no llega.
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El dramático diagnóstico de Mauricio Lizcano
Y es que, según Lizcano, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los ciudadanos y a quienes ejercen el derecho a informar desde las regiones del país”. De esta manera trazó un vínculo directo entre la acción –o la omisión– estatal y las consecuencias letales para los comunicadores que enfrentan amenazas al ejercer su trabajo. La inexistencia de respuestas eficaces, de acuerdo con el exsenador, alimenta una espiral de miedo.
Pero no solo eso: autocensura en el periodismo regional, pues pondría de manifiesto no solo un hecho aislado, sino un patrón de riesgo creciente. Desde su perspectiva, el suceso evidenciaría cómo se están vulnerando derechos fundamentales, en particular el derecho a informar, y demuestra la insuficiencia de garantías para quienes relatan la realidad de la violencia en regiones expuestas a conflictos armados o criminales.
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Por ello, el diagnóstico de Lizcano sería apocalíptico, en lo que respecta a las luces y sombras del ejercicio periodístico en las regiones, que hoy cobraría una nueva víctima por el accionar de la criminalidad. Y no es, de acuerdo con Lizcano, un hecho menor, pues la actividad enfrentaría una doble crisis: la restricción a la labor informativa en zonas periféricas y la erosión de los derechos fundamentales para periodistas y ciudadanía.

Cabe destacar que Pérez se movilizaba entre las veredas Travesías y El Roblal, cuando fue interceptado en un retén ilegal impuesto por las disidencias. Según se conoció, por cuenta de los relatos de la comunidad y reporte de prensa locales, el joven periodista habría sido sometido a interrogatorios, malos tratos y torturas antes de, al parecer, ser asesinado; aunque todavía no se sabe sobre el paradero de su cadáver.
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“Inteligencia militar y policial están activadas con todas las capacidades para conocer la situación real del periodista Mateo Pérez. La información que circula es que estaría muerto, pero es información que no tenemos confirmada, lo estamos buscando”, advirtió el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, en relación con un caso que ha causado voces de rechazo a lo largo y ancho del territorio nacional.
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