El Consejo de Estado admitió una demanda que podría poner en entredicho la personería jurídica de La Fuerza de la Paz, colectividad fundada por el exsenador y precandidato presidencial Roy Barreras. La decisión abre un proceso judicial que podría modificar el balance político en el país y afectar la representación de este movimiento en el Congreso.
La acción judicial fue presentada el 21 de octubre de 2025 por los abogados Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández, quienes ejercieron el medio de control de nulidad contemplado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
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Los demandantes solicitaron al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución 5436 del 5 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acto que concedió la personería jurídica al partido La Fuerza de la Paz.
En el expediente se asegura que la creación de La Fuerza de la Paz como una división del movimiento político Alianza Democrática Amplia (ADA) ocurrió cuando el CNE mantenía procesos sancionatorios abiertos contra ese movimiento político.
Según los demandantes, el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 prohíbe formalizar una escisión y otorgar reconocimiento jurídico a un nuevo partido mientras la organización origen enfrenta investigaciones sancionatorias. Por tanto, argumentan que la resolución del CNE podría estar viciada.
El proceso jurídico
El caso fue asignado al despacho de la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández, quien avocó conocimiento del asunto en el marco del proceso de escisión del ADA. El 13 de septiembre de 2022, Paulino Riascos Riascos y Víctor Hugo Golu Montenegro, representantes legales del ADA, solicitaron al CNE reconocer la personería jurídica del nuevo partido y aportaron la documentación sobre la Convención Nacional celebrada el 7 de septiembre de ese año.
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, revisó la demanda y consideró que cumplía los requisitos formales establecidos en los artículos 162 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Por este motivo, decidió admitir la demanda en única instancia y notificó a todas las partes para que puedan presentar sus argumentos en los próximos días.
Cuestionamientos a La Fuerza de la Paz
En el escrito presentado al tribunal, los demandantes señalan que durante el proceso de división del ADA se mantenían abiertas investigaciones por presuntas irregularidades en campañas y reporte de gastos. Afirman que permitir la escisión de partidos en medio de investigaciones puede facilitar elusión de responsabilidades legales bajo la apariencia de un nuevo movimiento.
En el texto de la demanda se lee: “Permitir la escisión de partidos políticos y el consecuente reconocimiento de personería jurídica mientras existen procesos sancionatorios en curso podría generar un fraude a la Ley, como ya se mencionó y lo expuso la propia Corte Constitucional”.
También cuestionan que los fundamentos del CNE para avalar el nacimiento del partido de Roy Barreras dentro del enfoque de “ampliar la democracia” o “garantizar la libertad de asociación”, no resultan válidos ante la jurisprudencia electoral.
Contexto político del partido y plazo de respuesta
La Fuerza de la Paz fue formada en 2022 después de la escisión del ADA, y actualmente está liderada por Roy Barreras. El pasado 20 de octubre, Barreras lanzó públicamente su precandidatura presidencial por esta colectividad, proponiéndose competir en la consulta del frente amplio prevista para marzo del próximo año. En su discurso destacó la necesidad de unificar sectores y superar divisiones institucionales para “gobernar madrugando”.
El proceso judicial sigue su curso y el Consejo de Estado concedió un término de 30 días corrientes a La Fuerza de la Paz para responder a los argumentos expuestos en la acción interpuesta. Aunque los demandantes solicitaron una medida cautelar urgente, hasta el momento el alto tribunal no ha tomado una decisión sobre esa petición.
Próximos pasos
El caso continuará en estudio por el alto tribunal, que deberá analizar si el CNE actuó dentro de los límites fijados por la ley al expedir la resolución del reconocimiento jurídico al partido de Roy Barreras. De esta determinación depende la continuidad o eventual suspensión de la personería jurídica de La Fuerza de la Paz y su papel futuro en la vida política nacional.
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