Mujer dio su testimonio sobre cómo fue reclutada por el Clan del Golfo durante 11 años: “Teníamos que secuestrar niños”

El testimonio de una joven que logró abandonar las filas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo revela la magnitud del drama que viven cientos de menores reclutados por grupos armados en Colombia.

En declaraciones a Noticias RCN, la mujer, que no reveló su identidad por seguridad, aseguró que desde que tenía 8 años de edad, fue forzada a integrar las filas del grupo armado en el departamento de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante once años, la joven estuvo sometida a un entorno de abusos, extorsiones y tortura, según narró al noticiero nacional, manifestando que dejó atrás su hogar y los juegos propios de su edad para aprender a manejar armas y cumplir órdenes que la obligaban a participar en actividades ilícitas.

“Ingresé a los 8 años al grupo armado. Me pusieron a hacer muchas cosas feas (…) Me dijeron que allá me podían ofrecer muchas cosas, dinero, vivienda, protección a mi familia”, explicó en su testimonio al medio citado.

Así mismo, la joven describió que, entre las tareas que le asignaban, se encontraba la de extorsionar a la población civil.

“Por ejemplo, cobrarle vacunas a la gente. Quitarles el dinero que se ganaban para la alimentación suya y de su familia. Teníamos que secuestrar niños, niñas, mucho adolescente que no tenía culpa de nada”, sostuvo.

La presión y el miedo eran constantes, y la amenaza de muerte se cernía sobre quienes intentaban abandonar el grupo.

No obstante, recalcó que el nacimiento de su hijo fue el punto de inflexión que la llevó a buscar una salida. El temor de que pudieran asesinarla junto a su bebé la impulsó a dejar atrás la vida en el grupo armado.

“Tengo un pequeño bebé que no tiene la culpa de que le fuera pasado algo, porque allá lo matan a usted, le matan a su hijo, que no tiene nada que ver”, concluyó.

Aumenta el reclutamiento forzado en Colombia

De acuerdo con un informe publicado por la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2025, entre enero y agosto del mismo año se documentaron 88 casos de reclutamiento forzado.

En su informe, la entidad advirtió que la problemática afecta de manera desproporcionada a las regiones más vulnerables, donde la presencia institucional es débil y las oportunidades para los jóvenes son escasas.

El análisis de las cifras muestra que el 61,6% de las víctimas fueron niños y adolescentes hombres, mientras que el 38,4% correspondió a niñas y adolescentes mujeres. La pertenencia étnica de los afectados resalta la especial vulnerabilidad de comunidades históricamente golpeadas por la violencia y el abandono estatal.

El informe subraya que los pueblos originarios siguen siendo blanco frecuente de los grupos armados, ya que en muchos de sus territorios la protección estatal resulta insuficiente.

Del mismo modo, la Defensoría señaló que el 46,5% de los menores reclutados pertenecen a pueblos indígenas, lo que refleja cómo la presión de actores ilegales atraviesa la vida comunitaria y pone en riesgo tradiciones, liderazgos y procesos organizativos.

Además, el 34,3% de los casos no contaba con una adscripción étnica definida, mientras que un 12,9% carecía de información clara en los registros, lo que, según la entidad, evidencia deficiencias en la caracterización de las víctimas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de reporte.

El 6,3% restante corresponde a niños y adolescentes afrocolombianos, quienes enfrentan riesgos agravados por la combinación de pobreza, racismo estructural y violencia territorial.

A nivel departamental, Cauca se posicionó como el epicentro de esta práctica, con 374 casos documentados en el último año, una cifra que, para la Defensoría del Pueblo, exige reforzar la protección en ese departamento, especialmente en resguardos indígenas y consejos comunitarios.

Otras regiones afectadas incluyen Norte de Santander (44 reportes), Valle del Cauca (24), Huila (23), Putumayo (21) y Chocó (11), todas ellas consideradas corredores estratégicos para economías ilegales y escenarios de disputa armada. Antioquia también figura en la lista con 29 episodios y muestra un repunte en 2025, ya que en lo corrido del año suma ocho denuncias, lo que enciende las alarmas sobre la expansión del reclutamiento hacia subregiones como el Bajo Cauca y el norte del departamento.

Entre los principales responsables de esta práctica, la Defensoría del Pueblo identificó al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc con más de 250 casos atribuidos en los últimos doce meses y 39 solo en los primeros ocho meses de 2025.

El ELN ocupa el segundo lugar, con 28 hechos en el periodo anterior y once en el presente. A estos grupos se suman el Clan del Golfo, responsable de 21 reclutamientos, y la Segunda Marquetalia, con 18, ambos vinculados a la disputa por rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Finalmente, bandas del crimen organizado completan el cuadro con al menos seis episodios confirmados por las autoridades.