Paloma Valencia demandó la personería de Progresistas ante el Consejo de Estado: argumenta su ilegalidad

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó una demanda ante la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitando la nulidad de la personería jurídica concedida al nuevo partido Progresistas, creado bajo el liderazgo de la senadora María José Pizarro.

La acción de la congresista uribista se fundamenta en la legalidad de permitir la separación o formación de un nuevo partido, mientras el Mais está envuelto en procesos sancionatorios relacionados con la financiación de campañas políticas. Para la aspirante al primer cargo de la nación, este hecho no debería permitir la autorización de fusiones, divisiones o escisiones por parte de los organismos electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe destacar que el partido Progresistas nació de la escisión del partido Mais, autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a la controversia judicial que enfrenta esta colectividad por irregularidades en sus gastos de campaña durante las elecciones regionales de 2023.

De acuerdo con la acción divulgada por W Radio, la personería jurídica otorgada a Progresistas configura una situación de fraude a la ley vigente y, por ende, y permite a las organizaciones políticas evadir las responsabilidades legales derivadas de investigaciones en curso.

Valencia justifica su posición a través de sentencias emitidas por la Corte Constitucional, decisiones del Consejo Nacional Electoral, y la Ley Estatutaria de Partidos, normativa que establece límites claros para autorizar procesos de fusión o escisión de partidos políticos.

En la normativa mencionada por la congresista en su acción judicial se especifica que disolver o permitir la escisión de un partido político mientras están abiertos procesos sancionatorios es una acción ilegal que abre la puerta a que los partidos se refugien en maniobras legales para eludir sanciones.

“En este sentido, la Corte advirtió que permitir la disolución o la escisión en medio de un proceso sancionatorio equivaldría a un fraude a la ley, pues posibilitaría que las organizaciones políticas burlaran el régimen disciplinario y eludieran las consecuencias jurídicas de las investigaciones en curso”, indicó la precandidata a la Casa de Nariño al medio citado.

Con la demanda interpuesta ante el alto tribunal, la congresista no solo busca que se anule la personería otorgada al partido de su compañera en el Senado de la República, sino que se tomen medidas cautelares inmediatas para suspender la resolución del CNE que les otorgó legitimidad como colectividad política.

Según Valencia, dicha suspensión es fundamental para evitar que Progresistas opere de manera paralela a la situación de legal de Mais, que destacó que debe aclararse antes de dar lugar a nuevas colectividades.

Bajo este argumento, el abogado de la senadora uribista, Pablo Felipe Gutiérrez, sostuvo al medio mencionado que el CNE reconoció la existencia de los procesos sancionatorios contra Mais en el momento de conceder la personería a Progresistas, lo cual quebranta el principio de legalidad y configura una causal de nulidad para ese acto administrativo.

De acuerdo con el jurista, la acción del organismo electoral va en contra de las normas jurídicas y abre la puerta a irregularidades que afectarían la transparencia en la política, hecho que sería perjudicial para la democracia y el país de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

“En el presente caso, procede la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 09111 del 3 de septiembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral, por cuanto reconoció la personería jurídica al partido político Progresistas existiendo procesos sancionatorios en trámite, contraviniendo lo dispuesto“, señaló el apoderado de la congresista que interpuso la demanda.

En este sentido, el alto tribunal tiene la responsabilidad de tomar una decisión con respecto al futuro de Progresistas como colectividad política y, asimismo, sentar precedentes sobre la regulación y control de los procesos de creación y disolución de partidos en el país.