Este es el polémico negocio energético entre Colombia y Venezuela que podría ser sancionado por Estados Unidos

El reciente impulso para reactivar el negocio energético entre Colombia y Venezuela ha generado una compleja red de intereses empresariales, decisiones gubernamentales aceleradas y advertencias internacionales que podrían tener consecuencias de gran alcance para la economía colombiana.

Según una investigación revelada recientemente por la revista Cambio, la operación que se estructura entre ambos países involucra a empresas de reciente creación con vínculos cercanos al gobierno de Gustavo Petro y se desarrollaría bajo la amenaza de posibles sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

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La iniciativa busca restablecer la interconexión eléctrica San Mateo - Corozo, una infraestructura abandonada desde hace años, como parte de la política energética impulsada por Petro desde agosto de 2022.

Esta política incluyó el cese de la exploración de hidrocarburos y la apertura al comercio energético con Venezuela, lo que ha generado controversia tanto a nivel técnico como político. El ministro de Minas, Edwin Palma, ha manifestado la intención de importar gas venezolano y restaurar la conexión eléctrica antes de finalizar el año, mientras la operación se caracteriza por la aparición de actores empresariales poco conocidos y la rapidez inusual en la aprobación de permisos oficiales.

El centro de esta operación lo ocupa Antonio Blasco Muñoz, un empresario español recordado por su implicación en el caso Castellnou en España, que ha liderado la creación de dos compañías clave: Activa Process Management Green Projects Colombia S.A.S. y HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P.

Ambas fueron constituidas en noviembre de 2024, con capitales mínimos y sin experiencia previa en el sector energético colombiano. A pesar de su reciente fundación, Activa Process Management inició negociaciones con empresas estatales como ISA y Cens para operar la línea de transmisión binacional, según documentos y cotizaciones obtenidos por Cambio.

La sorpresa en el sector no solo radica en la juventud y falta de trayectoria de estas empresas, sino en la velocidad con la que el Gobierno nacional habría facilitado el proceso. El 28 de enero de 2025, el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, expidió la Resolución 40024, que flexibilizó los requisitos técnicos para la reactivación de redes eléctricas en desuso, abriendo la puerta a la interconexión con Venezuela.

Ese mismo mes, la asamblea de Activa autorizó a Blasco Muñoz a endeudarse por 30.500 millones de pesos, a pesar de contar con un capital suscrito de apenas 25 millones.

El proceso avanzó con la aprobación, el 4 de junio de 2025, del plan de transmisión energética por parte del Ministerio de Minas y Energía, seguido por la resolución de la Upme el 28 de junio, que dio luz verde al proyecto presentado por Activa para operar la interconexión internacional.

Lo llamativo, según la investigación de Cambio, es que esta aprobación se produjo solo un mes después de la solicitud formal, un plazo inusualmente corto para este tipo de trámites. Sin embargo, la operación aún no se ha concretado, ya que Activa no figura registrada en el mercado eléctrico colombiano y las empresas estatales involucradas, ISA y Cens, son conscientes del riesgo de sanciones internacionales si avanzan sin la autorización de la Ofac.

Paralelamente, Blasco Muñoz constituyó HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P., empresa que logró registrarse en el sector energético y habría aumentado su capital a más de 2.000 millones de pesos en menos de un año.

Esta compañía cuenta con el respaldo de Luis Ferney Moreno Castillo, abogado con amplia trayectoria en el sector y miembro de la junta directiva de ISA. Moreno Castillo, a través de su firma Moreno Servicios Legales, ha brindado asesoría jurídica a Blasco y ha facilitado recursos y estrategias para sortear obstáculos regulatorios, según confirmó a Cambio. Además, existirían vínculos empresariales y personales entre Moreno Castillo y figuras influyentes del sector energético, como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

La investigación de Cambio detalla que HT Industries y la firma de Moreno compartirían edificio y número telefónico corporativo, lo que reforzaría la cercanía entre ambas entidades. Moreno Castillo ha explicado que su relación con Blasco se limita a la asesoría jurídica y al apoyo logístico, sin participación accionaria en las empresas.

No obstante, su influencia habría sido determinante para que HT Industries avance en el sector y explore alternativas legales ante la negativa de Cens para permitir la operación de Activa.

El entramado empresarial se complica aún más por las conexiones de Moreno Castillo con el emporio de Alfonso Hilsaca, conocido como el “zar del alumbrado público” en Colombia.

Aunque el abogado ha negado vínculos directos con los Hilsaca, su firma habría brindado conceptos jurídicos clave para negocios millonarios en el sector, y hasta 2023, su director de litigios fue Salomon Eljadue Rizcala, sobrino de Hilsaca y asesor jurídico de la familia.

Mientras las sociedades avanzan y el Gobierno colombiano acelera los trámites, la amenaza de sanciones de la Ofac se cierne sobre el país. La reciente inclusión de Gustavo Petro y su círculo cercano en la Lista Clinton, aunque considerada arbitraria por algunos analistas, ha sido interpretada como una señal de que la administración estadounidense está dispuesta a endurecer su postura.

Hasta ahora, la retórica oficial de Estados Unidos ha diferenciado entre el gobierno colombiano y su presidente, pero la continuidad de los negocios energéticos con el régimen de Nicolás Maduro podría llevar la confrontación a un nuevo nivel.