Detonaron explosivo contra torre de energía en Bello, Antioquia: ‘Fico’ Gutiérrez responsabilizó a las disidencias de las Farc y lanzó pullas a Petro

Una nueva detonación en una torre de energía de EPM produjo alarma entre los habitantes de Bello, municipio ubicado al norte del Valle de Aburrá, durante la madrugada del miércoles 15 de octubre.

El estallido, registrado sobre las 3:20 a. m., no provocó la caída de la estructura ni afectaciones en el suministro eléctrico, pero sí reavivó la preocupación por la seguridad en el área metropolitana de Medellín.

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En el lugar del atentado, las autoridades hallaron una bandera con emblemas del Frente 36 de las disidencias de las Farc, lo que permitió identificar a los presuntos responsables.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en mostrar su rechazo a los ataques, enviando pullas al presidente Gustavo Petro y su estrategia de paz total con grupos armados y bandas criminales.

“Criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga estratégica en el municipio de Bello. Pretendían derribar la torre de energía de ese sector y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica”, escribió el mandatario distrital.

Aunque el explosivo no logró su propósito principal, la Fiscalía y la Policía mantienen abiertas las investigaciones. El alcalde señaló que este método recuerda acciones armadas recientes: “Mismo modus operandi que utilizaron hace unas semanas en Medellín. Colombia debe recuperar el orden y la seguridad”, advirtió Gutiérrez.

Se trata del segundo ataque de características similares en menos de un mes en el Valle de Aburrá. A inicios de septiembre, en el sector de Loreto, varios artefactos explosivos fueron instalados en torres de EPM, confirmando la acción de células ilegales identificadas como Red de Apoyo al Terrorismo.

En ese incidente, seis explosivos fueron ubicados: dos de ellos estallaron la noche del 10 de septiembre, otros dos fueron desactivados al día siguiente y los dos restantes fueron luego explosionados de manera controlada por las autoridades, uno en la mañana y el otro en la tarde.

Tras estos eventos, la administración local ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables.

Además, se anunció la llegada adicional de 100 uniformados expertos en combate urbano pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército, desplegados en puntos clave de la ciudad para incrementar el control militar y policial y fortalecer la respuesta ante nuevas acciones de los grupos armados ilegales.

Atentaron contra funcionario del Inpec en Bello

La situación de orden pública en el Valle de Aburrá y, específicamente, en el municipio de Bello es crítica, pues apenas una semana atrás del ataque a la torre de energía, un dragoneante adscrito a la Cárcel Nacional Bellavista fue blanco de un atentado armado tras culminar su jornada laboral.

De acuerdo con el relato del dragoneante Felipe Quimbayo, quien se desempeña como vicepresidente nacional del sindicato de empleados unidos penitenciarios del Inpec, el ataque ocurrió la noche del sábado11 de octubre.

Según explicó Quimbayo, “el funcionario que recibió el atentado salió del penal, y mientras se dirigía a su casa, fue interceptado por dos hombres en motocicleta; uno de ellos le disparó en cuatro ocasiones”. A pesar de la gravedad del hecho, el resultado fue que “de los cuatro impactos que le hizo, ninguno dio en su humanidad, gracias a Dios”, subrayó Quimbayo.

El funcionario sindical lamentó que estos episodios violentos hayan “llegado a la ciudad de Medellín y al Valle de Aburrá”, señalando que las agresiones presentan una tendencia creciente.

De acuerdo con los registros del sindicato, durante el año se han contabilizado 260 amenazas y 35 asesinatos de funcionarios del Inpec.

Ante esta situación, Quimbayo urgió al Estado colombiano a reforzar las garantías de protección: “Al comandante de la Policía Nacional, para que se refuercen los establecimientos penitenciarios las veinticuatro horas. Hay establecimientos carcelarios municipales, como la cárcel distrital, que mantienen un CAI veinticuatro siete. Eso es lo que hemos pedido al gobierno nacional, que se den estas garantías mínimas para poder prestar nuestro servicio de manera eficiente”.

La incertidumbre acerca de las motivaciones detrás de la ola de violencia persiste, sin que hasta el momento exista una hipótesis sólida sobre lo ocurrido recientemente en la cárcel de Bellavista.

No obstante, el llamado de Quimbayo es contundente: pide a las bandas delincuenciales “entender que el trabajo que hacen los funcionarios del Inpec es un trabajo social. Nosotros no somos parte de los conflictos que se puedan derivar por diferentes situaciones”.