
Colectivos de mujeres en el departamento del Atlántico lanzaron una nueva alerta por el incremento sostenido de crímenes contra mujeres durante este año.
Según cifras de la Red de Mujeres del Atlántico, en lo que va de 2025 se han contabilizado 44 asesinatos de mujeres, una cifra que mantiene en preocupación a las organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las víctimas y la prevención de la violencia de género.
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El caso más reciente que generó consternación se presentó en el municipio de Sabanalarga, donde una mujer identificada como Dayana Díaz Carrillo, de 40 años, fue asesinada dentro de una vivienda. Las primeras versiones apuntan a que el hecho estaría relacionado con presuntas extorsiones que afectaban a un familiar de la víctima, aunque las autoridades aún no descartan otras hipótesis sobre los móviles del crimen.
De acuerdo con testigos del hecho, un hombre armado ingresó al inmueble e intentó disparar contra la suegra de Díaz Carrillo. En medio de la confusión, la mujer se interpuso para evitar que la atacara y terminó recibiendo varios impactos de bala. Vecinos del sector la auxiliaron y la trasladaron a un centro de salud, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
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Las organizaciones feministas señalaron que este homicidio refleja una tendencia preocupante de violencia estructural contra las mujeres en el Atlántico. En su más reciente pronunciamiento, la Red de Mujeres del Atlántico expresó que el aumento de los casos evidencia “una falla profunda en las políticas de protección y en la atención temprana de las denuncias”. Agregaron que la falta de articulación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia ha permitido que los agresores actúen con impunidad.

En lo corrido del año, los municipios con mayores registros de violencia contra mujeres son Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanalarga. De los 44 asesinatos reportados, una parte significativa corresponde a casos de feminicidio o muertes en circunstancias relacionadas con disputas criminales, conflictos intrafamiliares o retaliaciones por extorsiones.
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Las autoridades judiciales informaron que actualmente se adelantan procesos de investigación en más del 60 % de los casos, aunque reconocen que el esclarecimiento total enfrenta obstáculos por la falta de denuncias formales. En zonas rurales, muchas mujeres evitan acudir a las autoridades por temor a represalias o por la desconfianza en el sistema judicial.
La Policía Metropolitana de Barranquilla aseguró que trabaja en el fortalecimiento de las rutas de atención y en el acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, los colectivos advierten que las medidas implementadas siguen siendo insuficientes frente al aumento de las agresiones. “No basta con capturar a los responsables; se necesita prevenir antes de que ocurran los hechos”, enfatizó una de las voceras de la Red.
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El panorama se agrava, además, por la persistencia de contextos sociales donde persisten estigmas y estereotipos de género. De acuerdo con las organizaciones, el acceso limitado a programas de empleo, educación y atención psicosocial contribuye a que muchas mujeres permanezcan en entornos violentos. También han advertido que la falta de refugios y mecanismos de protección inmediata deja a las víctimas en estado de vulnerabilidad.
Ante esta situación, los colectivos hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Atlántico para fortalecer los programas de prevención y crear una red de monitoreo permanente que permita identificar riesgos y atender de manera oportuna los casos de amenaza. Según las organizaciones, la creación de equipos interdisciplinarios en cada municipio podría mejorar la respuesta institucional y reducir el número de muertes violentas.
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El caso de Dayana Díaz Carrillo se convirtió en símbolo del reclamo ciudadano por una política pública más efectiva contra los feminicidios. En Barranquilla, varios movimientos sociales convocaron una jornada de movilización para exigir justicia y demandar la implementación de acciones urgentes que frenen la violencia de género.
“Este no es un caso aislado. Estamos ante una emergencia humanitaria que requiere compromiso político y social. Cada mujer asesinada representa el fracaso de un sistema que no ha sabido protegerlas”, declararon integrantes de la Red de Mujeres del Atlántico.
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