Terror en el Bajo Calima: hay 300 familias atrapadas entre combates del ELN y disidencias de las Farc en Buenaventura

El miedo volvió a instalarse en las comunidades del Bajo Calima, en Buenaventura. Cerca de 300 familias permanecen confinadas desde hace varios días, atrapadas entre los combates que libran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc por el control de este corredor estratégico del Valle del Cauca.

Nadie entra, nadie sale. Las casas se convirtieron en refugios improvisados, y los cultivos, en terreno de riesgo.

De acuerdo con la Personería de Buenaventura, los “fuertes enfrentamientos que se desarrollan en el sector del Bajo Calima” dejaron a decenas de familias sin posibilidad de desplazarse ni acceder a alimentos o atención médica. La situación fue confirmada por las autoridades locales, que señalaron que la disputa se concentra entre el Frente Jaime Martínez, una de las estructuras más violentas de las disidencias, y el ELN, en un pulso que se extiende desde la ribera del río hasta las zonas selváticas.

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En un comunicado difundido el 9 de octubre, el propio Eln atribuyó los hechos a lo que describe como una “presencia de bandidos paramilitares en connivencia con la fuerza pública”.

En el texto, el grupo aseguró que sus enemigos “han venido haciendo presencia en este corregimiento, en connivencia con la fuerza pública, secuestrando lanchas de pasajeros, matando y amenazando a los pobladores de este lugar.” Según el documento, los choques comenzaron el 8 de octubre, aunque el eco de las balas aún se siente con fuerza en los caseríos cercanos.

No es la primera vez que el Bajo Calima queda en medio del fuego cruzado. La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, recordó que el 17 de mayo más de 4.000 personas ya habían sufrido el mismo drama, cuando los combates entre el ELN y el Clan del Golfo obligaron a comunidades enteras a esconderse o huir.

“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias durante Semana Santa, homicidios selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual, entre otros crímenes”, había advertido entonces la entidad.

Las dinámicas del conflicto en esta región del Pacífico se repiten con una frecuencia que parece no dejar respiro. Hace apenas tres semanas, otro confinamiento afectó a cientos de personas tras el robo de una lancha comunitaria, un hecho que desató nuevos choques entre los grupos armados. En ese momento, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su preocupación por la reiteración de los ataques y recordó que tanto las escuelas como las viviendas civiles son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“El deber del Estado es proteger a la población civil, especialmente a los niños, niñas y adolescentes en riesgo por reclutamiento y combates cerca de sus escuelas y hogares”, señaló la organización internacional, que ha seguido de cerca la crisis humanitaria en Buenaventura.

Pese a las advertencias, los hechos muestran que la respuesta del Estado sigue siendo limitada. En el Bajo Calima, las comunidades afrodescendientes e indígenas viven con la sensación de abandono. Los líderes sociales denuncian que no hay presencia suficiente de la fuerza pública ni medidas efectivas de protección, y temen que, si el conflicto continúa, los confinamientos se vuelvan permanentes.

La zona, además, tiene un valor estratégico que explica la crudeza de la disputa, su ubicación conecta el litoral Pacífico con el centro del país y sirve como corredor para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilegales. Ese control territorial es, según las autoridades, el motor detrás de la violencia que no da tregua en Buenaventura.

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