Nueva medida de Petro podría acabar con industria fundamental para la transición energética, asegura gremio

El reciente anuncio del Gobierno colombiano sobre la modificación de las fórmulas para fijar los precios del etanol y el biodiésel generó una fuerte preocupación en el sector energético, ya que, según los documentos de respaldo del propio Ministerio de Minas y Energía la nueva metodología provocaría una reducción del 14,5% en el ingreso de los productores de etanol y del 23,9% en el caso del biodiésel, sin que se haya evaluado el impacto sobre la rentabilidad mínima de las plantas, el empleo, la inversión ni la sostenibilidad empresarial de la industria de los biocombustibles en el país.

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La industria nacional de biocombustibles, consolidada durante veinticuatro años como el pilar más sólido de la transición energética y el desarrollo industrial en Colombia, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre.

Este sector, que integra agricultura, industria y distribución, produce etanol y biodiésel bajo estándares internacionales y un marco regulatorio que ha garantizado estabilidad.

Actualmente, aporta entre el 8% y el 10% de los combustibles utilizados en el transporte terrestre mediante mezclas con gasolina y diésel, lo que permite una reducción aproximada del 8% en las emisiones totales de CO₂ del transporte, según estudios de ciclo de vida que demuestran que el etanol de caña y el biodiésel de palma generan entre 74% y 83% menos emisiones que los combustibles fósiles.

El 1 de octubre de 2025, el Gobierno publicó dos proyectos de resolución que modifican la forma de calcular el ingreso de los productores de biocombustibles.

Hasta ahora, el esquema vigente combinaba referencias internacionales con los costos reales de producción en Colombia.

Para el etanol, la fórmula partía del precio internacional del azúcar y sumaba los costos locales de transformación y transporte. En el caso del biodiésel, el cálculo se basaba en el precio global del aceite de palma y una canasta de sustitutos, complementada con los costos locales de metanol, catalizadores y mezcla.

Este sistema permitía que el valor reconocido al productor colombiano reflejara tanto la realidad productiva nacional como las tendencias internacionales.

La propuesta del Gobierno elimina esa estructura y establece que el ingreso al productor dependerá exclusivamente del precio del producto final en los mercados internacionales, específicamente el etanol anhidro de maíz cotizado en Houston (Platts Aatgj00) y el biodiésel FAME 0 RED en Róterdam (Platts Aawgi00), con ajustes por fletes, aranceles y tasa de cambio. En la práctica, esto implica que Colombia fijará los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, a pesar de que se producen con materias primas nacionales.

El problema central radica en que los mercados de referencia presentan condiciones muy diferentes a las colombianas. En Estados Unidos, el etanol se produce principalmente a partir de maíz y opera bajo un entramado de políticas públicas que garantizan estabilidad y rentabilidad al productor.

El Renewable Fuel Standard (RFS) establece volúmenes obligatorios de mezcla y sustenta un mercado de créditos RIN, que otorgan un valor adicional a cada galón de etanol por su contribución a la reducción de emisiones. Desde el 1 de enero de 2025, el Crédito Fiscal a la Producción Limpia (sección 45Z del Inflation Reduction Act) otorga beneficios fiscales según la intensidad de carbono del combustible, reemplazando al histórico Blender’s Tax Credit, que reconocía un dólar por galón de biodiésel o diésel renovable hasta diciembre de 2024.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) también respalda la cadena de biocombustibles con programas como el Higher Blends Infrastructure Incentive Program (Hbiip), que cofinancia la instalación de tanques, bombas y dispensadores para mezclas E15 y E85 en estaciones de servicio. Este apoyo abarca no solo la producción, sino también la distribución y el consumo, conformando un sistema integrado sostenido por mandatos, beneficios fiscales e infraestructura financiada parcialmente con recursos públicos.

En el ámbito logístico, la Energy Information Administration (EIA) indica que el etanol estadounidense se transporta principalmente por tren, barcaza y camión, debido a su capacidad de absorber agua, lo que impide su traslado por oleoductos.

Esta red ferroviaria eficiente permite movilizar la mayor parte del producto a muy bajo costo. Además, el proceso industrial se beneficia de un gas natural entre tres y cuatro veces más barato que en Colombia, lo que reduce los costos energéticos de fermentación y destilación.

Estos instrumentos configuran un entorno donde el precio de referencia del etanol en Houston no refleja únicamente el costo de producción, sino el efecto combinado de subsidios, créditos negociables, incentivos fiscales y economías de escala que no existen en Colombia.

En la Unión Europea, el precio de referencia del Fame 0 RED en Róterdam se determina dentro del desarrollo de la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias para el uso de energías renovables en el transporte y obliga a los Estados miembros a cumplirlas.

Este sistema se refuerza con reducciones o exenciones de impuestos especiales aprobadas por la Comisión Europea como ayudas de Estado y con cuotas nacionales de reducción de gases de efecto invernadero que otorgan créditos comerciables a los combustibles con menor huella de carbono.

La infraestructura portuaria y de almacenamiento altamente integrada, los costos logísticos bajos y las tarifas energéticas industriales reducidas, resultado de políticas activas de apoyo a la competitividad y eficiencia energética, contribuyen a que el precio de referencia del Fame 0 en Róterdam refleje no solo las fuerzas del mercado, sino también el efecto estructural de subsidios, exenciones y mecanismos regulatorios que estabilizan la rentabilidad del sector y reducen la exposición de los productores a la volatilidad internacional.

En contraste, en Colombia, el etanol se produce a partir de caña y el biodiésel de palma, sin subsidios energéticos ni fiscales, sin créditos por reducción de carbono y con costos logísticos considerablemente más altos.

Los productores asumen tarifas plenas de electricidad y gas, el transporte terrestre en una red vial limitada y carecen de mecanismos compensatorios frente a la volatilidad internacional.

Por ello, las referencias de Houston y Róterdam no pueden considerarse equivalentes, ya que en ambos casos los precios se forman en mercados respaldados por subsidios, incentivos y mandatos públicos que reducen artificialmente los costos de producción y estabilizan la rentabilidad del sector.

El traslado de estos valores, formados bajo protección estatal, a un mercado colombiano que carece de esos instrumentos, genera una competencia asimétrica con consecuencias potencialmente devastadoras para la industria nacional.

El propio Ministerio de Minas y Energía reconoce que la nueva metodología reduciría de manera significativa los ingresos de los productores, sin evaluar la viabilidad económica de las plantas ni el impacto sobre el empleo y la inversión.

La revisión de las fórmulas de precios puede ser legítima, pero en el sector energético pesan más la seguridad, la soberanía y la capacidad de sostener la transición verde. Actualizar componentes y adaptarse a nuevas realidades de mercado resulta válido, pero desmontar el mecanismo que garantiza precios justos y estabilidad para la industria nacional implica un retroceso estratégico.

Además, resulta incoherente que el Gobierno busque reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles penalizando a los biocombustibles, mientras mantiene intactos los subsidios al diésel fósil, el combustible más contaminante del sistema.

El Gobierno presenta este cambio como una actualización técnica, pero en realidad significa debilitar la única industria nacional que materializa la transición energética, genera empleo rural y reduce emisiones de manera comprobada.

Esta decisión resulta contradictoria con la promulgación del Compes 4062 de 2023 sobre reindustrialización, ya que debilita el sector que mejor representa ese objetivo. Exponer la industria más avanzada del país a una competencia desigual no equivale a modernizar la política de biocombustibles, sino a renunciar a ella.