Dignidad Agropecuaria, movimiento que agrupa a las diferentes dignidades del país y que lucha por la defensa de la soberanía alimentaria de Colombia, denunció que el gobierno de Gustavo Petro no está cumpliendo los acuerdos alcanzados tras el paro de julio de 2025, relacionados con el pago del arroz, lo que ha generado una crisis para miles de productores en el país.
Según un documento denominado ‘Memorial de agravios: ultrajes contra los arroceros de Colombia’, que difundió la organización, los compromisos alcanzados tras la protesta no se materializaron, lo que dejó a los agricultores en una situación de vulnerabilidad económica y social.
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La denuncia dice que los precios pagados por la industria apenas cubren el 70% de los costos de producción, mientras los pagos se retrasan y el contrabando sigue sin control efectivo.
Dignidad Agropecuaria detalla en su memorial de agravios que, a 32 días del acuerdo impuesto por la industria molinera a la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), con la anuencia del Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los resultados distan de la prometida estabilización del mercado arrocero.
El gremio sostiene que la industria impuso condiciones que perjudican a los productores, lo que permite prácticas como la definición unilateral y antitécnica de la calidad del arroz, sin posibilidad de arbitraje neutral.
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Precios inferiores a los establecidos
Dicha situación generó precios incluso inferiores a los establecidos en el acuerdo entre la Cámara Sectorial de la Industria del Arroz en Colombia (Induarroz), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Fedearroz, que fijó un rango entre $1.457.387 (Llanos) y $1.589.489 (Centro) para el paddy verde (grano de arroz que se obtiene directamente después de la cosecha, aun con su cáscara natural y un alto nivel de humedad).
El texto de Dignidad Agropecuaria también denuncia la aparición de compradores piratas, quienes aprovechan la falta de control para pagar precios aún más bajos mediante maniobras contables que los eximen de sanciones por incumplimiento.
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“Surgen compradores piratas, que se las ingenian para aparecer pagando los ruinosos precios, rebajándolos aún más, con maniobras contables que los dejan inmunes frente a posibles sanciones por incumplimiento”, advierte el gremio.
Además, la industria define de manera unilateral la conversión del paddy seco en paddy verde y modificó la tabla de descuentos en detrimento de los agricultores. Las compras, según el documento, priorizan la recolección de cartera otorgada por la molinería, lo que relega el resto del arroz a un mercado incierto y de menor valor.
Qué pasa con los pagos
En cuanto a los pagos, resalta que la lentitud se convirtió en la norma, con plazos que pueden superar los 90 días para que los productores reciban el dinero correspondiente a su cosecha. Mientras tanto, los intereses que la industria reclama y obtiene por los cruces de cartera no se compensan a los agricultores. El gremio también denuncia que el “apoyo” solicitado a los productores se formaliza mediante un documento que los obliga a aceptar el acuerdo, bajo la amenaza de no liquidarles su producto ni efectuar los pagos, lo que cuestiona la voluntariedad de la medida.
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El contrabando de arroz representa otro factor crítico en la crisis. Dignidad Agropecuaria sostiene que el delito se mantiene sin control efectivo y que las incautaciones no reflejan la magnitud del problema.
“El contrabando campea y las incautaciones no corresponden a los niveles de ese delito, con graves consecuencias para los productores”, señala el documento.
La organización acusa a los industriales de justificar su actitud ante la impasibilidad e indiferencia del Gobierno frente a esta ilegalidad, lo que agrava aún más la situación del sector.
Acciones legales, jurídicas y de movilización social
Frente a este panorama, Dignidad Agropecuaria y Dignidad Arrocera dijeron que emprenderán acciones legales, jurídicas y de movilización social para exigir el cumplimiento de los acuerdos y la protección de los derechos de los productores. Según el mismo, las medidas buscan frenar lo que consideran una serie de atropellos y garantizar condiciones justas para quienes cultivan el principal cereal de la dieta colombiana.
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El trasfondo de la denuncia se remonta a los dos paros arroceros hechos en 2025, tras los cuales se firmaron acuerdos entre los gremios, la industria y el Gobierno. Sin embargo, Dignidad Agropecuaria sostiene que el Ejecutivo, junto con Induarroz y Fedearroz, incumplió lo pactado, permitiendo que la industria imponga sus condiciones y perpetúe prácticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sector arrocero.
El gremio advierte que, de persistir esta situación, el arroz, alimento básico para los colombianos, podría enfrentar un futuro incierto.
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