La crisis de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande de Colombia, ha alcanzado niveles críticos y amenaza con desbordar el sistema sanitario nacional.
Con más de 11 millones de afiliados en riesgo y un pasivo que podría superar los 26 billones de pesos al cierre de 2025, la situación ha generado alarma entre pacientes, asociaciones de usuarios, expertos en salud y organismos de control.
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Frente a esta emergencia, la pregunta que circula con fuerza es inevitable: ¿quién responderá por los muertos?
La Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia, que reúne a más de 200 organizaciones, denunció que las alertas sobre un posible “apagón del sistema de salud” fueron ignoradas durante los últimos dos años.
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Según la organización, la negligencia de las autoridades y la falta de intervención efectiva ya se traducen en miles de muertes evitables. “Hoy esta advertencia es una realidad. La vida de millones de pacientes no da espera”, señaló la Mesa en un comunicado, dirigido por Denis Silva, vocero oficial.
El informe más reciente de la Contraloría General de la República evidencia la magnitud del colapso. Entre 2023 y junio de 2025, los pagos pendientes por legalizar pasaron de 3,4 billones de pesos a más de 15 billones, un incremento del 349%.
La investigación detectó más de 22 millones de facturas sin auditar, por un valor de 22,1 billones de pesos, y 9,1 millones de facturas duplicadas, concentradas en apenas 36 prestadores.
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Alejandro Gaviria, exministro de Salud, asegura que este desorden contable ya se ha convertido en un problema operativo: interrupción de tratamientos, cancelación de citas y cierre de IPS en varias regiones del país. “Lo que estamos viendo es un colapso humanitario que afecta directamente la vida de millones de colombianos”, indicó.
La Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia cuestiona la inacción de los órganos competentes: ¿por qué el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, integrantes de la junta directiva de la Nueva EPS, guardaron silencio? ¿Por qué la Superintendencia Nacional de Salud no evitó el colapso tras tres gestiones consecutivas entre 2022 y 2025? ¿Qué acciones fiscales, disciplinarias y penales han sido implementadas por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía?
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“Los responsables de esta crisis deben rendir cuentas, y la sociedad merece respuestas claras y urgentes”, enfatizó Denis Silva.
La tensión entre el Gobierno y los organismos de control es evidente. Mientras la Contraloría alerta sobre un panorama crítico y riesgos de detrimento patrimonial, la Supersalud sostiene que los pagos pendientes corresponden a anticipos legítimos por servicios efectivamente prestados y que la entidad avanza en la normalización de sus operaciones.
La interventora Gloria Polanía aseguró que la salud de los afiliados está asegurada y que se están implementando planes de estabilización y legalización de pagos que permitirán reabrir servicios esenciales.
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No obstante, las organizaciones de pacientes advierten que estas medidas no han mitigado la crisis. “Los hallazgos de la Contraloría son un diagnóstico desgarrador de cómo la negligencia y la indiferencia de distintas entidades llevaron al colapso del sistema de salud. Esto no es solo un problema financiero: son vidas humanas en juego”, subrayó Silva.
Según Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, cualquier traslado masivo de afiliados sería inviable, ya que ninguna EPS del país tiene la capacidad operativa ni financiera para asumir a 11 millones de usuarios.
La crisis también ha trascendido al ámbito penal. La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por presunto ocultamiento de facturas y desvío de más de 70.000 millones de pesos, entre ellos José Fernando Cardona Uribe, presidente de la entidad entre 2009 y 2024.
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Según la acusación, entre 2019 y 2023 se dejaron de procesar cerca de 14 millones de facturas de IPS, lo que habría permitido a la EPS mantener una imagen financiera favorable ante la Supersalud.
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