Red internacional producía videos sexuales de menores en Medellín para usuarios en Estados Unidos: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano es la clave

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red que producía y comercializaba videos con contenido sexual explícito de menores en Medellín, con conexiones hacia Estados Unidos, y donde un ciudadano mexicano jugó un papel central. La investigación expone una trama en la que no solo participaron vecinos, sino también familiares directos de las víctimas.

La operación, que integró a la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), permitió identificar a siete sospechosos principales.

Seis de ellos –todos presuntamente residentes en Medellín– habrían contactado a niños y adolescentes de su propio entorno barrial o familiar, aprovechando relaciones de confianza para inducirlos, mediante engaños, a generar videos y fotografías que luego compartían con cómplices en el extranjero a través de aplicaciones de mensajería.

El caso toma un giro aún más inquietante con Cein Quezada Ríos, de nacionalidad mexicana, que era el séptimo integrante de la red. Según la evidencia recopilada, Quezada localizaba a menores en las cercanías de colegios y los persuadía para ir a su residencia con promesas de dinero. Allí, los sometía a abusos sexuales a cambio de pagos que iban desde $80.000 hasta un millón de pesos.

Así lo describió la fiscal del caso en la audiencia correspondeinte: “Los hechos tuvieron ocurrencia entre el mes de junio del año 2024 y hasta el mes de agosto del año 2025. En la ciudad de Medellín, concretamente en los sectores del corregimiento San Cristóbal, en el barrio San Michel, en el barrio Santa Lucía y en el barrio o en el sector más bien de Las Palmas, todos estos de la ciudad de Medellín, cuando el señor Seinqueza Ríos, conocido como Carlos Hernández o el Mexicano, ciudadano de origen mexicano, directamente o a través de tercera persona, solicitó la realización de accesos carnales y actos sexuales mediante promesa de pago en dinero y otros beneficios a personas, estas menores de 18 años de edad.

Para ello, entonces, instrumentalizó también a menores de edad para que cometieran delitos, ofreciéndoles sumas de dinero a cambio de que le consiguieran otras menores para sostener dichos encuentros sexuales".

Esta metodología sistemática evidencia un conocimiento de los lugares de tránsito de los menores y una capacidad del agresor para sortear el control social inmediato de las instituciones educativas.

Las acusaciones formales contra los involucrados, impulsadas por la Unidad de Delitos Prioritarios contra Niñas, Niños y Adolescentes (Uenna) y el grupo Caivas de Medellín, incluyen los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona incapaz de resistir, pornografía infantil agravada y proxenetismo.

El caso también revela una dimensión familiar del delito: algunos de los niños y adolescentes fueron instrumentalizados por sus propios padres y familiares, quienes contribuyeron activamente en la producción del material. Esta circunstancia, revelada por la Fiscalía, profundiza el alcance social del caso.

Como respuesta inmediata, un juez de control de garantías dispuso prisión preventiva para los siete acusados. En paralelo, los menores afectados fueron retirados de sus entornos y puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), organismo encargado de reconstruir sus derechos vulnerados.

El proceso judicial sigue en curso, mientras continúan las investigaciones sobre la posible existencia de más víctimas y la identificación de otros implicados fuera de Colombia.

La actuación conjunta de las autoridades permitió frenar una red criminal que operaba con sofisticación y alcance internacional, implicando tanto a actores externos como a miembros del entorno cercano de las víctimas. La intervención estatal busca garantizar la protección de los menores y avanzar en la recuperación de sus derechos, mientras que el proceso judicial avanza para esclarecer la totalidad de los hechos y responsabilidades.