Concejo de Bogotá discute proyecto que condiciona el acceso al aborto: se requeriría valoración mental

El avance del Proyecto de Acuerdo 340 en el Concejo de Bogotá ha generado un intenso debate sobre el acceso al aborto en Colombia.

La propuesta, que contempla una valoración obligatoria de salud mental antes de permitir la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ha sido señalada por organizaciones feministas y de derechos humanos como un posible retroceso en la garantía de los derechos reproductivos.

El proyecto, aprobado en primer debate el 23 de mayo y con discusión plenaria prevista para noviembre de 2025, plantea nuevas condiciones que, de ser adoptadas, podrían modificar el actual marco legal y práctico para las mujeres que buscan acceder a la IVE en la capital colombiana.

El Proyecto de Acuerdo 340, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, fue presentado por la concejal Clara Lucía Sandoval del Partido Liberal.

La iniciativa propone la creación de un plan de acompañamiento para mujeres durante el embarazo, la lactancia y el posparto, con especial énfasis en el apoyo psicosocial y la salud mental.

Entre sus disposiciones más controvertidas se encuentra la exigencia de una valoración de salud mental obligatoria antes de acceder al aborto legal, así como la capacitación de servidores públicos en “alternativas a la IVE”. Estas medidas han generado preocupación entre colectivos sociales, que advierten sobre el riesgo de que se conviertan en obstáculos adicionales para quienes deciden interrumpir su embarazo.

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Las organizaciones feministas y de derechos sexuales y reproductivos han manifestado su rechazo a la propuesta. La Mesa por la Vida, una de las plataformas más activas en la defensa del derecho al aborto, sostuvo que el proyecto “crea obstáculos injustificados, desconoce la normatividad nacional vigente y abre la puerta a nuevas trabas para acceder a la IVE”.

Según declaraciones recogidas por El Colombiano, la organización alertó que ofrecer alternativas a la IVE en contextos de atención en salud mental puede derivar en presiones, tanto directas como indirectas, que afectan la libertad de decisión de las mujeres. Por ello, solicitaron el archivo del proyecto al considerarlo inconstitucional.

Cristina Rosero, abogada e integrante del movimiento Causa Justa, expresó a El Colombiano que la iniciativa podría representar un retroceso en los derechos conquistados.

Rosero explicó que el acuerdo establece un acompañamiento psicosocial y la capacitación del personal para ofrecer rutas alternativas a la IVE, lo que, en su opinión, puede generar barreras de acceso.

“En muchos casos los funcionarios de la salud no están de acuerdo con el aborto y terminan en prácticas de disuasión para que las mujeres no accedan al procedimiento”, afirmó.

Además, subrayó que la ruta de atención materno-perinatal ya está regulada por la Resolución 051 de 2023, la cual contempla consultas iniciales en las que se presentan distintas opciones, y que agregar una nueva evaluación psicológica implicaría un paso adicional que dificultaría el ejercicio del derecho al aborto.

Rosero insistió en que el acompañamiento psicosocial debe ser voluntario y no una imposición. “Si la usuaria lo solicita, debe proveerse, pero no puede convertirse en una barrera o condicionamiento.

El riesgo es que, bajo el amparo de este acuerdo, se trasladen a la atención en salud los estigmas de los funcionarios”, advirtió.

El trámite del proyecto en el Concejo de Bogotá también ha estado marcado por controversias.

Durante la plenaria del 9 de septiembre, se debatieron dos recusaciones: una contra el concejal Marco Fidel Acosta, por su militancia en movimientos “provida”, y otra contra la propia autora de la iniciativa, Clara Lucía Sandoval, por sus posturas frente al aborto.

Ambas recusaciones fueron rechazadas por la corporación.

Sin embargo, persiste una recusación en curso, presentada bajo el argumento de que se habría dado consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa, según el artículo 11 de la Ley 1437. Por este motivo, Sandoval anunció que no dará más declaraciones fuera de las sesiones de debate del Concejo, según confirmó su equipo a El Colombiano.

El contexto legal en Colombia establece que el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de justificación, y después de ese plazo solo en casos de violación, riesgo para la salud o vida de la mujer, o malformación del feto incompatible con la vida.

La Corte Constitucional, a través de sentencias como la C-355 de 2006 y la C-055 de 2022, ha reiterado que no pueden imponerse requisitos adicionales ni trabas administrativas más allá de las ya definidas constitucionalmente.

Para movimientos como Causa Justa, el Proyecto 340 podría abrir la puerta a retrocesos, ya que la jurisprudencia vigente prohíbe la creación de nuevas barreras para el acceso a la IVE.

En este contexto, la Resolución 051 de 2023 regula la atención materno-perinatal y establece que la información brindada en las consultas iniciales no debe usarse para impedir el acceso al aborto. La preocupación de los colectivos radica en que la implementación de nuevos trámites, como la valoración de salud mental obligatoria, podría agravar las dificultades existentes y aumentar la presión sobre las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El futuro del Proyecto de Acuerdo 340 aún está por definirse. Tras el aplazamiento del segundo debate debido a las recusaciones, la discusión se retomará en noviembre de 2025. Si el Concejo de Bogotá aprueba la iniciativa, solo restaría la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para que entre en vigor.

En este escenario, las organizaciones defensoras de derechos reproductivos advierten que la introducción de nuevos requisitos podría incrementar los riesgos para la salud y la vida de las mujeres, al dificultar el acceso a procedimientos seguros.

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