
Un incremento de hasta el 62% en el precio del aguardiente podría concretarse si el Congreso aprueba la reforma tributaria propuesta por el Gobierno colombiano. Según estimaciones de la industria, una botella de esta bebida tradicional pasaría de $40.000 a $65.000, lo que ha generado preocupación entre los principales actores del sector, quienes advierten sobre el riesgo de un aumento en el contrabando de licores y la adulteración de bebidas alcohólicas.
La iniciativa legislativa contempla un aumento considerable en la carga impositiva sobre las bebidas alcohólicas. El impuesto al valor agregado (IVA) aplicable a rones y aguardientes subiría del 5% al 19%, junto con un incremento en el impuesto al consumo. El objetivo del Ejecutivo es recaudar $435.800 millones adicionales mediante este ajuste fiscal, que impactaría directamente tanto a los productores como a los consumidores.
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Esteban Ramos Maya, gerente general de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), explicó en La República que actualmente una botella de 750 mililitros de aguardiente paga cerca de $17.500 en impuestos. Con la reforma, esa cifra ascendería a $33.300 solo en tributos, lo que elevaría el precio final del Aguardiente Antioqueño en más de $20.000.
Ramos Maya señaló que el producto, que hoy se encuentra en el mercado por alrededor de $40.000, no bajaría de $60.000 o $65.000 bajo el nuevo esquema impositivo. El directivo advirtió que este escenario podría llevar a los consumidores a buscar alternativas más económicas, lo que, a su juicio, fortalecería el contrabando y el consumo de licor adulterado, con consecuencias negativas para las finanzas departamentales.
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“Normalmente, en el mercado se puede conseguir a $40.000, pero muy seguramente, con esta carga impositiva no bajará de $60.000 o $65.000,la gente tendrá que ir a buscar alternativas”, explicó en el mencionado medio.
Desde la Industria Licorera de Caldas (ILC), su gerente general, Diego Angelillis, calificó el posible efecto de la reforma como “absolutamente devastador”. Angelillis subrayó que la combinación del impuesto al consumo y el IVA al 19% dejaría a los rones y aguardientes fuera de competencia en el mercado. Además, enfatizó que la medida estimularía el contrabando y la adulteración de licores, lo que, en última instancia, provocaría una caída en los ingresos destinados a la salud y la educación de la población.
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La preocupación no se limita a los productores. Luz María González, chief legal & relationship officer de Dislicores, indicó que la reforma representa una carga fiscal excesiva y una amenaza estructural para la industria formal, el consumidor y el recaudo público. González advirtió que, en un mercado tan sensible al precio como el colombiano, los consumidores tenderían a sustituir productos de mayor calidad por opciones más baratas, muchas veces sin garantías de calidad, trazabilidad o seguridad. Esta dinámica, según la representante de Dislicores, podría favorecer la proliferación de licor adulterado y el contrabando, en detrimento del sector formal.

El impacto potencial de la reforma se magnifica al considerar la magnitud del mercado del aguardiente en Colombia. El año pasado se vendieron más de 95 millones de botellas de esta bebida, consolidándose como una de las más populares del país.
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El Aguardiente Antioqueño, producido por la FLA, lideró las ventas con más de 60 millones de unidades, seguido por el Amarillo de Manzanares de la ILC, con 13 millones de botellas. Otras marcas destacadas incluyen el Aguardiente Blanco de la Licorera del Valle (9,8 millones), el Aguardiente Néctar (7,04 millones) y el Aguardiente Caucano (3,1 millones). Durante el periodo analizado, algunas marcas enfrentaron restricciones de venta en ciudades como Bogotá y Medellín.

Más allá del impacto en los precios y el consumo, la reforma tributaria podría afectar de manera significativa los ingresos públicos destinados a la salud y la educación, ya que los impuestos recaudados por la industria licorera constituyen una fuente clave de financiamiento para los departamentos. Voceros del sector han alertado que una caída en las ventas, derivada del aumento de precios y el desplazamiento hacia el mercado informal, pondría en riesgo estos recursos fundamentales.
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Las principales empresas licoreras del país enfrentan la posibilidad de una reducción considerable en sus ventas si el incremento de precios proyectado se materializa, lo que podría transformar de manera profunda el panorama del sector.
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