
El mayor (r) Royce Javier Díaz Munive, quien se desempeñó como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Barranquilla, enfrenta un juicio disciplinario tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación.
El proceso se centra en el presunto incremento injustificado de su patrimonio durante los años 2022 y 2023, así como en sus vínculos con Diego Marín, alias Papá Pitufo, reconocido como el “zar del contrabando” en Colombia.
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La Procuraduría formalizó un pliego de cargos contra Díaz Munive, señalando que en su periodo como jefe de la Polfa en Barranquilla no pudo justificar ingresos adicionales por más de $230 millones en 2022 y superiores a $40 millones en 2023.
Estas cifras provienen de un estudio financiero realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que analizó los movimientos económicos del oficial durante su gestión.

El expediente disciplinario también resalta una reunión celebrada en agosto de 2023 entre Díaz Munive y Diego Marín en un restaurante de hotel en Cartagena.
Según la investigación, Marín, conocido por su papel central en el contrabando, habría dado instrucciones al entonces jefe policial para solicitar dinero a comerciantes de Barranquilla, aprovechando su posición en la institución.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales aportó el análisis financiero que sustentó los cargos, permitiendo identificar los recursos que Díaz Munive no pudo justificar y motivando la apertura del proceso disciplinario.
La Procuraduría advirtió que el comportamiento atribuido a Díaz Munive podría constituir una violación al principio de moralidad que rige la función pública.
Por este motivo, el organismo calificó provisionalmente la conducta como una falta disciplinaria de la mayor gravedad, presuntamente cometida de manera dolosa.
Tribunal Superior de Bogotá avala proceso penal contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo
La reanudación del proceso penal contra Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, quedó asegurada tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que rechazó la nulidad solicitada por la defensa y permitió que la audiencia de acusación formal se lleve a cabo el 13 de noviembre a las 8:30 a. m. en el Juzgado 5 Especializado de Bogotá.

Este avance judicial representa un revés para la estrategia de la defensa, que había intentado frenar el caso alegando supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía.
El proceso contra Marín Buitrago se centra en acusaciones de liderar una red de corrupción y contrabando, en la que estarían implicados funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian).
La defensa, encabezada por el abogado Édgar Villamil, había presentado un recurso de apelación con el objetivo de anular el proceso, argumentando que la Fiscalía impidió la comparecencia de su cliente en varias diligencias y vulneró su derecho al debido proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá desestimó estos argumentos, concluyendo que “no existe una irregularidad sustancial capaz de viciar la actuación y afectar el debido proceso”.
Esta postura fue adoptada tras analizar la apelación presentada por la defensa, que sostenía que la Fiscalía había impedido la comparecencia virtual de Marín Buitrago tanto en la audiencia de imputación como en la de imposición de medida de aseguramiento celebrada a principios de año.
La audiencia de acusación, que originalmente estaba prevista para el 26 de junio, fue suspendida cuando la defensa interpuso el recurso de nulidad.

El juez del caso rechazó la solicitud al no encontrar fundamentos en los argumentos presentados, decisión que fue apelada y resuelta el 26 de agosto por el Tribunal Superior de Bogotá.
La magistrada Alejandra Ardila, ponente del fallo, sostuvo que la audiencia de formulación de imputación fue válida, ya que se garantizó el respeto a los derechos constitucionales y legales. Además, se comprobó que el indiciado fue notificado reiteradamente y se negó a asistir a las audiencias sin justificar su ausencia.
Durante la diligencia del 26 de junio, la defensa de “Papá Pitufo” insistió en que la Fiscalía vulneró el derecho al debido proceso al no permitir la comparecencia virtual de su cliente.
El 24 de enero, Marín Buitrago fue declarado en contumacia, es decir, como reo ausente, mientras permanecía detenido en Portugal tras la activación de una circular de Interpol que buscaba su extradición a Colombia.
Días antes, el 20 de enero, el acusado había manifestado a través de sus abogados su intención de no comparecer, motivo por el cual fue declarado ausente. Posteriormente, según la defensa, Marín Buitrago se retractó y comunicó su nueva decisión al juzgado mediante el correo electrónico de su esposa, sin utilizar canales oficiales.
El abogado Villamil también cuestionó que en la audiencia de imputación del 31 de enero se ignoró la petición de su cliente y afirmó que la Fiscalía recibió comunicaciones de autoridades portuguesas ofreciendo facilidades para conectar al acusado, información que, según él, nunca se compartió con la defensa.
En su intervención, Villamil sostuvo: “toda esta documentación, toda esta actuación de la Fiscalía, a través de los canales diplomáticos, fueron ocultadas, fueron reservadas. Entre el juez de control de garantías y la fiscal. Y se ocultó, se reservó, para uso interno de la juez. La defensa nunca fue informada sobre la realización de esos trámites. El señor Marín tampoco”.
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