La presentación de la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República provocó una reacción del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, considerado una figura relevante en la gestión económica del país, quien cuestionó el enfoque de la iniciativa que busca recaudar $26 billones, centrando el debate en el manejo del gasto estatal y su impacto sobre el déficit fiscal.
El exministro señaló que el actual Gobierno recibió una situación fiscal compleja, pero advirtió que podría dejar una aún más comprometida a su sucesor. También sostuvo que los principales ajustes fiscales implementados ocurrieron al inicio de la actual administración, a través de la reforma tributaria de 2022 y la reducción del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
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En su mensaje, Ocampo insistió en que el Congreso no debe avanzar con la discusión de la nueva propuesta del Ejecutivo sin que exista primero una política clara de reducción del gasto corriente. Igualmente, afirmó que el gasto en funcionamiento es actualmente el principal responsable del déficit y del crecimiento acelerado de la deuda pública.
A su vez, el exmiembro del gabinete del presidente recalcó que un ajuste efectivo en el gasto público debe ser prioritario, antes de considerar el aumento de la carga tributaria sobre ciudadanos y empresas. “En relación con la reforma tributaria presentada hoy por el gobierno nacional, quiero reiterar lo que he dicho en varias declaraciones hoy: el Congreso no debe tramitarla sin una propuesta concreta del gobierno de recorte de gastos de funcionamiento, que es la fuente principal del alto déficit fiscal y del aumento desmesurado de la deuda pública”, escribió Ocampo a través de su cuenta oficial de X.
Desde la perspectiva del exministro, la crisis fiscal constituye el principal desafío económico del país. Ha advertido sobre el riesgo de que la discusión de nuevos impuestos, sin atender primero el costo de la administración estatal, agrave el escenario fiscal en vez de corregirlo y termine por impactar las finanzas de los hogares colombianos.
El futuro de la iniciativa tributaria permanece incierto en el Legislativo, donde el Gobierno tampoco cuenta con mayorías aseguradas para su trámite. Las propuestas contenidas en la reforma estipulan, entre otras medidas, un incremento del IVA sobre productos y servicios como gasolina, bebidas alcohólicas y espectáculos públicos, lo que podría generar efectos de carácter transversal entre los consumidores.
Así como Ocampo, diversas figuras políticas han expresado su descontento con la propuesta del Gobierno, dado que, según la Administración gubernamental, el billonario recaudo sería para financiar una parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, por lo que su negación impactaría directamente el desarrollo de programas sociales en el país.
Los cuestionamientos de los personajes han sido por cuenta de que el proyecto tributario grava bienes y servicios que son motores de la economía nacional y que constituyen partes fundamentales de los gastos mensuales de los colombianos.
Entre los puntos más cuestionados se destacan el impuesto de 19% que entrarían a pagar las entradas a eventos masivos que superen los $500.000, lo que podría golpear con firmeza el sector deportivo y cultural del país.
Por otro lado, se destaca el impuesto adicional con los que serían gravados los combustibles. Según la reforma, a partir de 2026, los combustibles pagarían un 10% más en tributos y, para 2027, este valor incrementaría al 19%.
En este contexto, el debate sobre la reforma tributaria no solo se centra en la necesidad de recaudar más recursos para financiar el presupuesto nacional, sino también en la urgencia de replantear la manera en que el Estado administra y prioriza su gasto.
Mientras el Gobierno insiste en que la propuesta busca garantizar la sostenibilidad fiscal y la ejecución de programas sociales, voces como la de José Antonio Ocampo enfatizan que una estrategia de contención y eficiencia del gasto público debería anteceder cualquier esfuerzo impositivo
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