El Ministerio de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso el sexto aval fiscal de la reforma a la salud, destacando que el modelo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro implicará un costo acumulado superior a $180 billones para 2036.
La cifra se apoya en nuevas proyecciones de gasto y fuentes de financiación, en medio del debate legislativo sobre la viabilidad de la reforma estructural al sistema de salud en Colombia.
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Ávila presentó oficialmente ante la Comisión Séptima del Senado el análisis fiscal que acompaña al proyecto del Gobierno, el cual busca destrabar el trámite legislativo tras cinco meses de discusión.
El documento remitido contempla una hoja de ruta financiera actualizada sobre la implementación del nuevo modelo. El envío incluyó detalles sobre los recursos requeridos, el crecimiento estimado en los aportes de diferentes fuentes y los riesgos fiscales que asume el Estado si la reforma avanza.
En el texto presentado, el Ministerio de Hacienda precisa que el sector salud contará con $112,6 billones en 2026 y alcanzará $114,8 billones en 2027, según datos reportados por La República.
Hacia 2036, la asignación podría crecer hasta $191,7 billones, dependiendo de la evolución macroeconómica y de eventuales ajustes en el texto normativo debatido.Esta evolución también modifica la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasaría de 6,3% en 2026 a 7,73% en 2036.
El ministro Ávila enfatizó la importancia de este aval, asegurando que “tenemos fuentes por $112 billones en 2026, $114,8 billones en 2027 y hasta $191,7 billones, pasando por una participación en el Producto Interno Bruto de 6,3% en 2026 hasta 7,73% en 2036”.
De acuerdo con el documento que será debatido en el Congreso, los aportes de la Nación al sistema de salud crecerán en promedio 8,13% anual. El Sistema General de Participaciones incrementará a una tasa aproximada de 4,3% por año, mientras que las cotizaciones de los trabajadores mantendrán un crecimiento promedio de 2,87% anual.
Estos son los ingresos que respaldarían el funcionamiento del nuevo modelo y la cobertura de los costos operativos y reformas en marcha.
El Ministerio destacó que el impacto fiscal de la propuesta puede incorporarse al mismo tiempo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.
El análisis sostiene que las obligaciones acumuladas serán atendidas teniendo en cuenta la priorización y las definiciones que realice el Ministerio de Salud y Protección Social (Msps) con cargo a los recursos disponibles, dando cumplimiento a la autonomía presupuestal dispuesta en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto”.
En caso de que el proyecto avance, el gasto total del sistema de salud colombiano pasaría de representar el 5,88% del PIB en 2026 a un 7,28% para 2036. Las estimaciones oficiales parten de un crecimiento anual real del salario mínimo de 1% y de los supuestos macroeconómicos consignados en el marco fiscal vigente, según constató el viceministro Leonardo Pazos al entregar el informe ante el Congreso.
El segundo mayor rubro está relacionado con “atención primaria en salud”, que implica la puesta en funcionamiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), la conformación de los Equipos de Salud Territorial y la contratación de personal médico y administrativo, áreas señaladas como prioritarias por el Ministerio de Salud.
Entre otros frentes que demandarían inversiones relevantes figuran el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, estimado en $5,5 billones para 2036, y las prestaciones económicas —incluidos pagos por incapacidades y licencias de maternidad y paternidad— cuyo monto se calcula en $4,4 billones.
El análisis también detalla el plan para incorporar nuevas fuentes de financiación, principalmente la destinación completa de los llamados “impuestos saludables”: gravámenes al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, además del IVA social aplicado a servicios de salud.
El informe financiero presentado por el Ministerio de Hacienda está basado en cálculos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, ajustados a precios constantes de 2025. Las cifras permanecerán sujetas a revisión, pues podrían variar tras cambios legislativos o alteraciones en las variables macroeconómicas sobre las que se construyeron los escenarios de sostenibilidad.
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