La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de la excontralora general Sandra Morelli Rico, investigada por presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento que habría generado un detrimento patrimonial millonario.
El 31 de julio de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió mantener en firme el proceso penal que se adelanta contra Morelli Rico.
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En su decisión, el alto tribunal determinó: “NEGAR la nulidad invocada por la defensa de MARÍA SANDRA MORELLI RICO, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, tal como quedó consignado en el fallo firmado por los magistrados Jorge Emilio Caldas Vera, Blanca Nélida Barreto Ardila, Ariel Augusto Torres Rojas y Rodrigo Ernesto Ortega Sánchez.
La defensa de la exfuncionaria había solicitado la nulidad del juicio argumentando violaciones al debido proceso, limitaciones al derecho de defensa y falta de garantías judiciales. Sin embargo, la Corte concluyó que los señalamientos no constituían una vulneración sustancial y que, en consecuencia, el juicio debía continuar.
La providencia señala además que contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser sustentados en la misma audiencia.
Un proceso que se prolonga por más de una década
El caso contra Sandra Morelli se remonta a los años en que ejerció como contralora general, entre 2010 y 2014. Durante su gestión, firmó un contrato de arrendamiento para la reubicación de la sede de la Contraloría General por un valor superior a 2.600 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación concluyó que dicho contrato habría derivado en un detrimento patrimonial estimado en más de 12.000 millones de pesos, debido a presuntas irregularidades en la ejecución del acuerdo. Por estos hechos, la exfuncionaria enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado y peculado por apropiación agravado.
A comienzos de julio de 2025, la Corte Suprema había decidido suspender el juicio oral mientras estudiaba la solicitud de nulidad. En ese momento, la defensa sostuvo que se habían vulnerado derechos fundamentales y reiteró que el proceso tenía un trasfondo político.
El equipo jurídico de Morelli argumentó que la nulidad era necesaria “por violación del debido proceso, al derecho de defensa y para garantizar el derecho fundamental a la administración de justicia”. Incluso, la exfuncionaria insistió en que las actuaciones judiciales en su contra habrían sido utilizadas como herramienta para desacreditar su gestión al frente de la Contraloría.
No era la primera vez que su defensa buscaba frenar el juicio. En ocasiones anteriores, se habían presentado recursos similares, uno de los cuales alegaba falta de defensa técnica. Sin embargo, la Sala de Casación Penal ya había determinado que el proceso debía continuar.
Implicaciones de la decisión
Con la negativa de la nulidad, el juicio oral contra Morelli deberá reanudarse. El alto tribunal deja así despejado el camino para que la Fiscalía y la defensa expongan nuevamente sus argumentos, en un proceso que ha estado marcado por dilaciones y controversias jurídicas.
La acusación formal contra la excontralora señala que el contrato de arrendamiento no cumplió con los requisitos legales exigidos y que su ejecución generó un perjuicio millonario para el Estado. Si la Corte Suprema concluye que existió responsabilidad penal, Morelli podría enfrentar sanciones que incluyen la pérdida de derechos políticos y penas de prisión.
Como indica el fallo del alto tribunal, la defensa aún tiene la posibilidad de interponer recursos frente a esta última decisión, lo que significa que el escenario judicial sigue abierto.
No obstante, el mensaje de la Corte es claro: el proceso debe continuar y la justicia deberá resolver en juicio oral si hubo o no responsabilidad penal en los hechos investigados.
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