Uniformados en la mira: cómo los drones y la violencia selectiva elevan a cifras récord los asesinatos en Colombia

Colombia enfrenta una escalada de violencia inédita en más de una década. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2025, 133 uniformados –68 militares y 65 policías– fueron asesinados, según cifras de la fuerza pública.

La cifra ya supera los registros de todo 2024 y anticipa que este año podría convertirse en el más letal para la institución en al menos diez años, según información de El Tiempo.

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La situación se agrava por la irrupción de nuevas modalidades de ataque. Drones modificados para lanzar explosivos han pasado de no existir en 2024 a causar nueve muertes en lo corrido de 2025.

El 12 de agosto, en Buenaventura, tres militares perdieron la vida tras un ataque con drones atribuido a la disidencia Jaime Martínez. Dos días después, en Santa Rosa (Bolívar), un dron cargado con explosivos, presuntamente del ELN, dejó un soldado muerto y siete heridos.

“Mientras el Estado se adapta, los grupos se vuelven a readaptar”, advirtió Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que plantea la urgencia de cooperación regional para regular el uso de drones y armas en América Latina.

El Ministerio de Defensa confirmó que los asesinatos de uniformados crecieron un 136% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024: de 39 casos se pasó a 92. Solo en los últimos 46 días han muerto 41 miembros de la fuerza pública.

En el caso de las Fuerzas Militares, la mayoría de bajas se han producido en combates (30), por minas antipersonal (15) y por drones armados.

En la Policía Nacional, el plan pistola ejecutado por el clan del Golfo ha cobrado 17 vidas en 2025, casi triplicando la cifra del año pasado. Fuentes de inteligencia aseguran que algunos atacantes habrían recibido entrenamiento de francotiradores en Venezuela.

La disputa territorial entre el Eln y el Clan del Golfo por rutas estratégicas y economías ilícitas ha intensificado la violencia en regiones como el Pacífico y el sur de Bolívar.

Para el experto en seguridad Iván Carvajal, la ausencia de inversión social en territorios golpeados por la guerra limita la acción militar: “Cuando eso ocurre, el actor criminal, que tiene control territorial, convence a los pobladores para que se enfrenten a la fuerza pública”, comentó al medio citado.

La combinación de drones, francotiradores y asesinatos selectivos plantea un desafío urgente para el Estado, que, según expertos, debe responder con mayor rapidez y fortalecer la cooperación regional si quiere contener la espiral de violencia.

Asesinatos de patrullero y soldado evidencian la violencia contra la fuerza pública

Los asesinatos del patrullero Jordan Isaac Rosado Salles, de 24 años, en un ataque armado contra la estación de Policía de Morales, Cauca, y del soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, víctima de un dron cargado con explosivos en el sur de Bolívar, reflejan de manera cruda la dimensión de la actual ofensiva de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública en Colombia.

Ambos casos, ocurridos en un lapso de pocos días, ponen en evidencia cómo la violencia afecta simultáneamente a policías y militares, aunque con modalidades diferentes: mientras los uniformados de la Policía continúan siendo blanco del llamado plan pistola, una estrategia de asesinatos selectivos implementada por organizaciones como el clan del Golfo, las tropas desplegadas en zonas de conflicto enfrentan amenazas tecnológicamente sofisticadas, como drones armados, que elevan significativamente el riesgo en operativos y patrullajes.

El caso de Rosado Salles, joven patrullero que había ingresado a la institución impulsado por valores de servicio y vocación, resalta además el impacto humano y familiar de estos ataques, pues su muerte truncó la posibilidad de un reencuentro con su familia en Barranquilla y dejó a sus padres sumidos en el dolor y la impotencia.

Por su parte, el asesinato de Redondo Jiménez, un soldado profesional que cayó víctima de un artefacto lanzado desde un dron en una zona de difícil acceso, evidencia la creciente sofisticación de los métodos utilizados por el Eln y otras estructuras armadas ilegales, capaces de combinar tecnología de uso dual con fines bélicos.