El Consejo de Estado emitió una decisión trascendental para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde el recrudecimiento del conflicto armado entre grupos ilegales ha provocado desplazamientos masivos y graves afectaciones a la niñez.
La sentencia ordena al Ministerio del Interior, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), a otras entidades y a los municipios de la región implementar nuevas medidas para proteger a los menores desplazados.
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En la providencia se establece que los municipios de Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro deben iniciar de forma inmediata los censos de su población desplazada reciente y activar la ruta de atención humanitaria.
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El fallo también exhorta a entidades nacionales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras, a coordinar acciones en un plazo máximo de 15 días.
El alto tribunal subrayó que las medidas deben tener un enfoque diferencial en favor de los niños, niñas y adolescentes, quienes “tendrán prevalencia constitucional, en aras de lograr su protección integral y el restablecimiento de sus derechos”.
La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por Germán Calderón España y otros ciudadanos, que pidieron el amparo de los derechos fundamentales a la vida, educación, salud, cultura y deporte de los menores del Catatumbo. El alto tribunal reconoció la situación de emergencia en esta región fronteriza con Venezuela, donde los combates entre el ELN y otros grupos armados ilegales han forzado a miles de familias a abandonar sus hogares desde enero de 2025.
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De acuerdo con Unicef Colombia, lo ocurrido constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en el país en los últimos 28 años. Niños y niñas que antes asistían a la escuela o jugaban en sus comunidades hoy viven en coliseos, alojamientos temporales, hoteles o duermen en colchonetas en el suelo. La pérdida de sus rutinas y el desarraigo los ha expuesto a un panorama de incertidumbre y vulnerabilidad.
El desplazamiento ha tenido consecuencias inmediatas en la interrupción de las trayectorias educativas, la separación familiar, el aumento de los riesgos de violencia sexual y de reclutamiento forzado, así como problemas de salud derivados de la falta de acceso a agua potable y saneamiento.
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Además, la situación afecta también la capacidad de las familias para garantizar la protección y el cuidado de los menores.
Salud mental y riesgos invisibles de la violencia
Más allá de los efectos visibles del desplazamiento, las autoridades han advertido sobre los impactos psicológicos que la violencia y el desarraigo generan en la infancia. En varios casos se han reportado ideación e intentos de suicidio en niños y adolescentes, así como un deterioro general de la salud mental en las familias. Estos factores incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia, el abuso y la explotación en los lugares de refugio.
El Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales de la niñez, reiteró que el Estado colombiano está obligado a adoptar medidas efectivas y sostenidas para garantizar la atención humanitaria, la protección integral y el restablecimiento de derechos.
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El fallo será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que podría abrir el camino para un pronunciamiento de mayor alcance sobre la responsabilidad del Estado en escenarios de crisis humanitaria y un hito en la defensa de la niñez en contextos de conflicto armado.
Por ahora, la orden del Consejo de Esstado es clara: no solo que las autoridades territoriales actúen con rapidez en el Catatumbo, también que todo el aparato estatal responda con medidas concretas frente a una crisis que amenaza el presente y futuro de miles de niños y niñas.
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