En un anuncio realizado durante el consejo de seguridad en Valledupar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada (Acsn) fueron oficialmente reconocidas como grupo armado organizado, una decisión tomada por orden presidencial y avalada por el Consejo de Seguridad Nacional.
La medida implica que el Estado podrá desplegar toda su capacidad militar, incluidos bombardeos, bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, para frenar su expansión e influencia criminal.
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La determinación también implica un cambio sustancial en el tratamiento que recibirán las Acsn. Esta clasificación reconoce que el grupo cuenta con “unidad de mando, capacidad de organización y capacidad de daño”, lo que habilita la aplicación de la fuerza legítima del Estado, incluso mediante operaciones aéreas, para neutralizar sus estructuras.
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“Este cartel acaba de ser catalogado de acuerdo a una orden presidencial y al Consejo de Seguridad Nacional como un grupo armado organizado, que tiene unidad de mando, que tiene capacidad de organización y que tiene capacidad de daño. ¿Qué significa eso?, que se puede y se debe emplear toda la fuerza legítima del Estado, incluso se puede bombardear. El marco de operación que se da es ahora en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, declaró el ministro Sánchez.
El jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que las instrucciones están dadas para actuar con “máxima contundencia contra esta amenaza que intenta expandirse desde la Sierra Nevada y tocar allá, norte de Santander, el área del Catatumbo. Con un único fin, narcotráfico, no más”.
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También advirtió que ya se tiene evidencia de extorsiones en el departamento del Magdalena y que el Estado no permitirá que su influencia alcance otras zonas estratégicas.
Contexto histórico y procesos de paz fallidos
Las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada tienen un arraigo histórico en la región caribeña. Fueron parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y operaron bajo el mando de figuras como Hernán Giraldo, alias El Paisa.
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Aunque se desmovilizaron formalmente en 2003, sectores de sus estructuras continuaron operando bajo otros nombres, manteniendo su vinculación con el narcotráfico, la extorsión y graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y desplazamientos forzados.
En los últimos años, el grupo ha manifestado su interés en procesos de diálogo. En septiembre de 2022, declararon públicamente su disposición a unirse a la llamada “Paz Total” y decretaron un cese unilateral de hostilidades. El Gobierno respondió con un cese al fuego bilateral y temporal entre enero y junio de 2023, pero tras su vencimiento no se renovó formalmente, aunque se mantuvieron acercamientos.
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No obstante, la Fiscalía General de la Nación advirtió que no es posible negociar acuerdos de paz con grupos armados organizados sin carácter político, como las Acsn, quienes solo pueden someterse a la justicia. Las iniciativas para instalar una mesa de diálogo en 2024 fracasaron por la ausencia de delegados oficiales, evidenciando la fragilidad de cualquier intento de negociación.
El anuncio del ministro Sánchez marca así un punto de inflexión: del escenario de posibles acercamientos se pasa a un esquema de confrontación militar bajo el amparo legal y humanitario, con el objetivo de contener su influencia y desarticular sus operaciones.
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Recompensas y acciones contra otras estructuras criminales
La ofensiva no se limitará a las Acsn. Sánchez anunció que se incrementarán las recompensas por información que conduzca a la captura de sus principales cabecillas, así como de líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, con especial foco en el Frente 33, activo en el Catatumbo, y el Frente 35.
Este anuncio se produjo en un contexto en el que el Gobierno busca contener la expansión de estructuras ilegales que combinan narcotráfico, extorsión y control territorial.
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