El contralor General le hizo fuerte llamado de atención al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política: “Hace lo que criticaba cuando era oposición”

Carlos Hernán Rodríguez, contralor General, lanzó una advertencia sobre la posible intervención de altos funcionarios del Gobierno nacional en actividades políticas, lo cual está restringido por la normatividad vigente.

El funcionario señaló que figuras del Ejecutivo, incluido el presidente Gustavo Petro, habrían cruzado los límites que la ley impone, generando inquietudes sobre la legitimidad del proceso electoral.

Rodríguez resaltó el contraste entre el discurso del actual gobierno y su comportamiento anterior.

“La oposición hoy en día critica lo que hacía cuando estaba como gobierno, y el Gobierno hoy en día hace lo que criticaba cuando era oposición (…) Aquí lo que nos mata es la doble moral que siempre ha afectado en ese tema”, expresó.

El contralor insistió en que esta situación no es nueva ni exclusiva del nivel central del Estado, mencionando que las mismas prácticas se observarían en otros ámbitos de la administración pública.

“No lo hablo solamente del gobierno nacional, porque también aquí hay gobiernos territoriales que de igual manera obedecen a cierto tipo de intereses”, afirmó.

Con estas declaraciones, advirtió sobre la persistencia de comportamientos en los que funcionarios públicos buscarían incidir en decisiones electorales, un fenómeno que, según sus palabras, se repite pese a los diferentes roles que ocupan los actores políticos.

El pronunciamiento se produjo ante la cercanía de la cita electoral, en un ambiente de creciente preocupación por la neutralidad de quienes ejercen cargos públicos.

De hecho, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió acerca de investigaciones disciplinarias en curso contra altos funcionarios del Gobierno Petro, en especial ministros, a raíz de denuncias sobre posible participación en política.

Estas declaraciones fueron recogidas en una entrevista para el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, poco antes de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

Eljach explicó que la Procuraduría ha recibido múltiples quejas relacionadas con la presunta injerencia de funcionarios públicos en asuntos políticos, precisando que algunas de estas denuncias ya han derivado en la apertura formal de procesos disciplinarios. Al respecto, señaló: “Hay varias (quejas) contra varios ministros y uno tiene varios procesos ya abiertos”.

Sobre la situación de estos expedientes, el procurador detalló que se encuentran en distintas fases. Unos se hallan en etapa de calificación, otros en indagación preliminar y algunos más avanzan hacia investigación formal. Además, reveló el número total de investigaciones abiertas: “existen 89 investigaciones abiertas contra servidores públicos por presunta participación en política, una cifra que incluye distintos rangos de responsabilidad y cargos dentro del Estado”.

Eljach remarcó que algunos casos están próximos a resolverse: “Hay algunos que están cerca al pliego de cargos”, haciendo énfasis en que las actuaciones disciplinarias avanzan a diferentes ritmos. Argumentó que la duración de estos procesos responde a la necesidad de reunir pruebas sólidas y analizar cada situación con rigor: “las indagaciones se abren precisamente para esclarecer los hechos, pero que es necesario contar con un soporte probatorio sólido que respalde cada actuación dentro del proceso”.

Durante la entrevista, subrayó la importancia de la agilidad en los procedimientos sin sacrificar el debido proceso: “No es lo mismo un testimonio, que sirve de medio de prueba, de lo que yo vi hoy a lo que yo me acuerde entre diez años; cuando me llamen a declarar, de pronto ya ni estoy. Entonces, yo lo que hago es la invitación a que actuemos rápido, a que los funcionarios nuestros sean más ágiles sin romper las reglas del debido proceso”.

El procurador también enfatizó que el ejercicio del voto y la participación ciudadana constituyen derechos fundamentales, y aclaró: “el voto es una obligación constitucional y eso es la mayor participación en política”. No obstante, puntualizó que los servidores públicos deben respetar límites claros al intervenir en procesos electorales: “Hay cosas que no se deben hacer, que están prohibidas. Por eso se llama indebida participación”.

Finalmente, advirtió que conductas como hacer proselitismo desde cargos oficiales o utilizar recursos públicos con fines electorales constituyen faltas disciplinarias graves.