
El jueves 7 de agosto de 2025 se cumplen tres años desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia con la promesa de liderar un gobierno del “cambio”.
Su agenda, centrada en ambiciosas transformaciones sociales, la Paz Total y un gran Acuerdo Nacional, marcó el inicio de un proyecto político sin precedentes en la historia reciente del país. Sin embargo, a un año del final de su mandato, el balance entre lo prometido y lo logrado deja más interrogantes que certezas.
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Reformas sociales: avances limitados y múltiples obstáculos
Una de las principales banderas de campaña del presidente Petro fueron las reformas sociales, especialmente en los frentes de salud, trabajo y pensiones. No obstante, tres años después, solo la reforma laboral ha sido aprobada, y no sin dificultades.
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Tras varios intentos fallidos y un trámite accidentado en el Congreso, finalmente fue avalada por el Senado el 18 de junio de 2025. Esta reforma incluye medidas como la reducción de la jornada laboral, el fortalecimiento de la estabilidad laboral y mayores garantías para los trabajadores.

En contraste, la reforma a la salud aún no ha sido aprobada en el Congreso. Actualmente, su segunda versión está a la espera de un tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Si es aprobada allí, pasará a su última discusión en la plenaria. Mientras tanto, el Gobierno comenzó a implementar su propio modelo mediante decretos, generando controversia en el sector.
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La reforma pensional, por su parte, se encuentra en revisión por la Corte Constitucional tras haberse identificado vicios de trámite durante su aprobación. Aunque estos ya fueron corregidos por la Cámara de Representantes, la última palabra la tiene el alto tribunal.
Salud: una crisis que se agrava
El sistema de salud atraviesa uno de sus momentos más críticos. El panorama actual está marcado por la incertidumbre. Ocho EPS fueron intervenidas por el Gobierno a través de la Superintendencia Nacional de Salud: Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Coosalud. Estas entidades cubren millones de afiliados y concentran la mayoría de quejas del sistema, con más de 875.000 reportes solo en 2024.
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Las deudas con clínicas y hospitales superan los $15 billones, lo que generó suspensiones de tratamientos y advertencias de un posible colapso de servicios especializados. A esto se suman más de 340.000 tutelas por fallas en atención médica en un solo año, lo que refleja una creciente judicialización del derecho a la salud.
Frente a la falta de avances legislativos, el Gobierno expidió el Decreto 0858 de 2025, que redefine el papel de las EPS y crea Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, además de Centros de Atención Primaria. No obstante, expertos advirtieron que este modelo transitorio carece de una hoja de ruta clara y no resuelve las causas estructurales de la crisis.
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Acuerdo nacional: una propuesta sin eco
Desde su posesión en 2022, el presidente Petro propuso un “Gran Acuerdo Nacional” que involucrara a partidos políticos, empresarios y sectores sociales. En 2023 y 2024 se insistió en esa apuesta con iniciativas como el ‘Acuerdo Mínimo contra la violencia y por la Democracia’, presentado por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Sin embargo, estas propuestas no prosperaron. Las fuerzas de oposición y algunos partidos independientes rompieron relaciones con el Gobierno, alegando falta de consensos reales. Hoy, la idea de un gran pacto nacional permanece como una promesa incumplida y sin viabilidad política.
Paz Total: entre expectativas y retrocesos
Otra de las grandes apuestas de Petro fue la Paz Total, una política que buscaba dialogar con todos los grupos armados ilegales. En noviembre de 2022 se aprobó la Ley de Paz Total, pero su implementación ha enfrentado múltiples tropiezos.
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Aunque se iniciaron negociaciones con varios actores, actualmente los diálogos con el ELN están suspendidos. Las conversaciones vigentes se mantienen con el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y una facción de las disidencias de las Farc. Diversos analistas y organizaciones señalaron que la violencia no ha disminuido y que la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc sigue rezagada.

No obstante, el Gobierno insiste en que hay avances: el presidente informó que 662 municipios del país no han registrado homicidios en lo corrido del año, un dato que, aunque positivo, no disipa las críticas sobre la estrategia de seguridad.
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Un cambio que aún no se concreta
En tres años de gestión, el Gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado dificultades políticas, oposición legislativa y crisis sectoriales que han ralentizado su proyecto transformador. A pesar de algunos avances en legislación laboral, mayor inversión en salud y una narrativa de cambio social, los resultados concretos de sus promesas aún son limitados.
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