La representante a la Cámara Katherine Miranda aseguró este 5 de agosto que el proyecto de reforma pensional enfrenta un nuevo impasse legislativo debido a una controversia en torno a la legalidad de un acta relacionada con su votación en la plenaria.
Según señaló la congresista, el documento estaría siendo tramitado sin que se haya logrado el número necesario de votos para su aprobación.
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En una declaración realizada tras la suspensión de la plenaria de la Cámara, la legisladora expresó que por segunda vez consecutiva fue necesario interrumpir la sesión debido a un intento por validar un acta que, a su juicio, no cumple los requisitos exigidos por la ley.
“Por segunda vez consecutiva se tiene que levantar la plenaria de la Cámara de Representantes porque pretenden aprobar unas actas de la votación de la reforma pensional, que fue completamente ilegal, inválida, porque nunca se tuvieron los votos necesarios. Se anunció con un simple quórum deliberatorio, por lo tanto, es imposible aprobar un acta que no tenga las mayorías necesarias”, declaró Miranda.
El acta en cuestión está vinculada con una de las sesiones en las que se votó la reforma promovida por el Gobierno nacional, la cual aún debe superar varios trámites en el Congreso.
De acuerdo con la congresista, este documento ha sido requerido por la Corte Constitucional como parte de la revisión formal del procedimiento que ha seguido la iniciativa.
Miranda explicó que la solicitud del alto tribunal exige contar con registros completos y válidos del proceso legislativo, pero manifestó que el acta correspondiente no refleja el número suficiente de votos por parte de los representantes presentes el día en que se adelantó la votación.
“Es imposible que se vote un acta cuando más de la mitad de los representantes no votaron ese día. Entonces, nuevo revés para la reforma pensional, porque de manera ilegal, con chanchullos, con trampas, con jugaditas, aprobaron una reforma que hoy claramente no tiene la posibilidad de aprobar las actas”, afirmó.
El señalamiento de la congresista ocurre en un momento en que la reforma pensional continúa a la espera de ser conciliada y discutida nuevamente por la Cámara de Representantes. El proyecto ya fue aprobado por el Senado, pero para avanzar en su implementación debe completar su paso por la Cámara, donde el ambiente político ha sido tenso por diferencias sobre el procedimiento y el contenido de la iniciativa.
El acta a la que hace referencia Miranda hace parte del conjunto de documentos que dan cuenta del trámite legislativo de la reforma y que son requeridos para efectos de control constitucional. En este contexto, su validez o invalidez podría tener implicaciones en el proceso de revisión por parte de la Corte.
Durante la jornada legislativa, varios representantes manifestaron sus dudas sobre la legalidad de las actas que se pretenden aprobar, lo que generó la decisión de levantar la sesión para evitar una votación en medio de la controversia. La aprobación de actas es un procedimiento habitual en el Congreso que busca dejar constancia de lo ocurrido durante las sesiones, pero su validez depende de que se cumplan ciertos requisitos formales, entre ellos, la existencia de quórum decisorio.
La reforma pensional es una de las apuestas clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha defendido que el sistema requiere ajustes para garantizar una cobertura más amplia y una sostenibilidad financiera en el largo plazo. Sin embargo, el trámite en el Legislativo ha estado marcado por discusiones técnicas y legales, como la que ahora plantea Miranda.
En semanas anteriores, distintos sectores políticos ya habían expresado su preocupación por posibles irregularidades en el curso del proyecto, especialmente en lo relacionado con los mecanismos utilizados para lograr su aprobación en algunas etapas.
El nuevo episodio relacionado con las actas podría convertirse en un nuevo punto de análisis tanto dentro del Congreso como en el seguimiento judicial que hace la Corte Constitucional.
Hasta el momento, la Mesa Directiva de la Cámara no se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Miranda. Se espera que en los próximos días se convoque una nueva plenaria para abordar nuevamente el tema de las actas y continuar con el proceso legislativo correspondiente.
La revisión de este tipo de documentos y su relación con la legitimidad del proceso legislativo adquiere especial relevancia cuando un proyecto, como en este caso, está en revisión de constitucionalidad.
El pronunciamiento final de la Corte dependerá de si se determina que se cumplieron todas las etapas y requisitos establecidos por la ley para la aprobación de una reforma de este tipo.
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