La utilización de drones armados con explosivos se ha convertido en una de las novedades más preocupantes del conflicto en el sur de Bolívar.
“Hasta hace apenas dos meses no se habían registrado ataques con estos dispositivos en la región”, advirtió el general William Fernando Prieto Ruíz, comandante de la Primera División del Ejército, en diálogo con El Tiempo.
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Explicó que esta tecnología, introducida inicialmente por el ELN desde el Catatumbo, ahora también es utilizada por el clan del Golfo.
El uso de estos dispositivos no solo ha transformado el escenario de la violencia, sino que también ha intensificado la competencia por el control de las rentas ilegales.
Según el general Prieto, “acá el problema central es el oro”, al señalar que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico como principal motor de la economía criminal.
El clan del Golfo ha aprovechado la valorización de este mineral —que pasó de 255.000 a 384.000 pesos por gramo entre 2024 y 2025— para fortalecer sus actividades ilícitas, entre ellas la extorsión y la explotación minera ilegal.
Esta disputa tiene lugar en un corredor estratégico que conecta la Sierra de San Lucas con el nordeste antioqueño, el sur del Cesar y el Catatumbo, una zona tradicionalmente influenciada por el ELN y ahora fuertemente disputada por el clan del Golfo.
El Ejército asegura combatir a todas las estructuras criminales presentes en la zona —incluidas las disidencias del Frente 33, el ELN y el clan del Golfo— y rechaza cualquier señalamiento sobre posibles alianzas con alguno de estos grupos.
Sobre las dinámicas internas de los actores armados, el general Prieto confirmó que, a pesar de enfrentamientos previos entre el ELN y las disidencias del frente 33 en el Catatumbo, en el sur de Bolívar estas estructuras han optado por una alianza coyuntural para frenar la expansión del clan del Golfo.
“Ahora tienen el ideal del oro, del narcotráfico, de la extorsión, porque es la plata la que los mueve”, afirmó el oficial en diálogo con el medio mencionado.
Ante la sofisticación tecnológica y la complejidad del conflicto, el Ejército enfrenta el desafío de ajustar sus estrategias en un territorio donde la minería ilegal se ha consolidado como el eje central de la violencia y la disputa territorial.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje de respaldo a los habitantes del sur de Bolívar, donde más de 5.000 personas permanecen bajo confinamiento forzado por acciones de grupos armados ilegales.
“El Estado somos todos… y los buenos somos más”, afirmó, en alusión a la ofensiva de organizaciones como el ELN, el clan del Golfo y disidencias de las Farc, que buscan controlar la minería ilegal de oro en la región.
Según el Ministerio de Defensa, estos grupos han usado drones con explosivos para bloquear corredores humanitarios, aislar comunidades y afectar el abastecimiento de bienes esenciales, respaldando la perspectiva del Ejército.
Sánchez calificó estas acciones como terrorismo y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al advertir que buscan infundir miedo y paralizar la vida en zonas campesinas.
En respuesta, el Gobierno desplegó un operativo conjunto con Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, logrando reabrir el corredor entre Santa Rosa y Canelos, vital para la movilidad y el suministro.
Sin embargo, el riesgo de nuevos ataques persiste. “El ELN intenta desabastecer y aislar a la población para avanzar en su control criminal de la minería”, dijo Sánchez.
El Gobierno habilitó líneas de denuncia anónima (314 358 7212, 107, 157, 147, 165 y 14) y pidió la colaboración ciudadana para identificar actividades delictivas.
También reforzó las recompensas para capturar a cabecillas del clan del Golfo y el ELN.
Las autoridades priorizan la protección de mujeres, niños y adultos mayores, víctimas de intimidación y restricciones.
“Quienes usan explosivos para intimidar no son rebeldes, son terroristas”, concluyó Sánchez, quien reiteró el compromiso de recuperar la seguridad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
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