En medio de crecientes denuncias difundidas por redes sociales y medios alternativos sobre supuestas irregularidades cometidas por miembros del Ejército Nacional durante operaciones militares en Cauca, el Comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, emitió un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente los hechos denunciados.
Según lo expresado por la institución, las acusaciones hacen referencia a un grupo de militares del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13, quienes habrían sido grabados mientras consumían sustancias alucinógenas en el corregimiento de Playa Rica, en jurisdicción de Suárez, Cauca.
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El Ejército aclaró que, en caso de comprobarse la veracidad de los señalamientos, se trataría de conductas aisladas que en ningún caso representan el comportamiento general de la Fuerza ni de los más de 20.000 hombres y mujeres que integran esta institución en la región suroccidental del país. La vigésima novena brigada subrayó que dichos actos estarían en contravía con los principios y valores institucionales que rigen el accionar de los uniformados.
La respuesta institucional fue inmediata. En el comunicado, se indica que se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria interna, en coordinación con los organismos competentes en materia penal e inteligencia militar. El objetivo es esclarecer los hechos, determinar si hubo responsabilidades individuales y, de ser así, proceder con el máximo rigor de la ley conforme al régimen disciplinario y penal aplicable a los integrantes de la fuerza pública.
En paralelo, el Ejército también se pronunció frente a otra serie de versiones que circularon en redes sociales y que apuntaban al presunto uso de bienes civiles con fines militares durante operaciones en la zona. Según lo informado, las tropas desplegadas en el territorio estarían utilizando propiedades de la población local sin la debida autorización o, incluso, con fines estratégicos en el marco del combate a grupos armados organizados como la estructura criminal Jaime Martínez, una de las disidencias más activas del suroccidente del país.
Ante estas denuncias, el Ejército fue enfático en afirmar que todas sus acciones operacionales se desarrollan bajo los principios del derecho internacional humanitario, respetando de manera estricta los criterios de distinción, precaución y proporcionalidad. “En ningún caso se permite ni se tolera la utilización de bienes protegidos de la población civil con fines militares”, subrayó el comunicado.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de las denuncias, el Ejército aseguró haber establecido contacto directo con autoridades civiles, organismos de control y organizaciones defensoras de derechos humanos, a fin de verificar en terreno las afectaciones señaladas por la comunidad y brindar acompañamiento humanitario donde fuera necesario. En esa línea, se activaron mecanismos interinstitucionales con el fin de mitigar cualquier impacto humanitario que pudiera haberse producido en el marco de las operaciones militares en esa zona del departamento del Cauca.
El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la verdad y la protección de la población civil, e insistió en que las tropas desplegadas en el suroccidente del país continuarán desarrollando sus labores operacionales conforme a lo establecido por la Constitución Política de Colombia, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Además, destacaron que todas las acciones seguirán siendo adelantadas en coordinación permanente con las autoridades civiles y judiciales competentes.
Y es que este pronunciamiento se da en un contexto de alta tensión territorial, marcado por la presencia de grupos armados ilegales, complejos desafíos humanitarios y exigencias por parte de organizaciones sociales para garantizar que las operaciones militares respeten los derechos fundamentales de las comunidades rurales. La situación en zonas como Suárez, Playa Rica y otros corregimientos del norte del Cauca ha estado bajo la lupa de organismos nacionales e internacionales debido a constantes denuncias de presuntas infracciones por parte de actores armados, tanto legales como ilegales.
El comunicado concluye reafirmando el papel del Ejército como garante de la seguridad y el orden en el suroccidente del país, pero bajo el principio de responsabilidad y subordinación a los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Las investigaciones internas, según la institución, seguirán su curso y serán clave para determinar si hubo transgresiones individuales que deben ser sancionadas.
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