Desde la oposición y otros sectores del país calificaron como una “amenaza” e incluso “chantaje” la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar el decreto con el que convoca la consulta popular, solo si el Congreso aprueba la reforma laboral con los puntos abordados en el mecanismo de participación, consignados en 12 preguntas.
En ese sentido, según el jefe de Estado, la responsabilidad recae únicamente en el Senado. “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, indicó el mandatario en su cuenta de X.
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Quienes respaldan la cuestionada consulta, que ya fue negada por la plenaria del Senado en una votación llevada a cabo el 14 de mayo de 2025, han salido a explicar las razones por las cuales el Gobierno insiste en convocar el mecanismo de participación ciudadana. Pues, más allá del concepto desfavorable del Senado, existen dudas frente a la necesidad de impulsar una consulta cuando la reforma laboral ya está siendo discutida por los legisladores.
La propuesta del Gobierno surgió, justamente, para revivir el proyecto de reforma que hundió la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa sí revivió, pero gracias a una apelación aceptada por el Senado el 14 de mayo de 2025, y pasó a ser discutida y aprobada en la Comisión Cuarta del Senado, y ahora está siendo deliberada en la plenaria de la corporación. Ese mismo día, se cayó la consulta.
¿Consulta y reforma a la vez?
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió y explicó la necesidad de impulsar la reforma y la consulta de manera simultánea. Aseguró que no son excluyentes y que ejecución es legal.
“Tanto la reforma revivida, que ya hace parte de un trámite legislativo, como la consulta popular que se enmarca en la Constitución de 1991, son un trámite, un mecanismo completamente legal, constitucional, pues no tienen por qué chocar. Es decir, cada una puede sobrevivir y puede hacerse sin ningún problema”, aclaró la congresista de la bancada del Gobierno en conversación con Blu Radio.
De acuerdo con la legisladora, hubo cambios en lo planteado inicialmente por el Gobierno, y, aunque se han logrado ciertas concertaciones, hay artículos problemáticos que, a su juicio, empeoran la situación laboral de los colombianos. En ese sentido, la consulta serviría para proteger el “corazón” de la reforma.
“Eso no lo podemos permitir, repito, y no porque sea lo que nosotros queremos necesariamente, sino porque es lo justo y porque son las reivindicaciones de los trabajadores, y si hacemos unas reformas para mejorar, no para ir hacia atrás”, indicó al medio citado.
¿Cuándo evaluar la necesidad de una consulta?
Aseguró que sería posible evaluar la necesidad de consultar a la ciudadanía al respecto, si entre los congresistas logran establecer consensos y moldear una reforma que beneficie a la población trabajadora. Insistió en que, la evaluación sobre el mecanismo sería viable si desde la bancada quedan “tranquilos” con lo pactado con respecto al articulado que falta por votar, lo cual no implica quedar completamente “satisfechos”.
Carrascal aseguró que ese diálogo se va a surtir y que por eso se levantó la sesión de deliberación y votación del 12 de junio en el Senado, sin haber terminado de discutir todos los puntos del proyecto. No obstante, mientras ese escenario de concertación no se presente y no tenga los resultados esperados, la consulta popular se mantendrá.
“Por el momento, tienen que ir las dos. Por el momento, lo que no se pueda conseguir a través de esto, y si hay medidas regresivas, la consulta popular es la salida del mandato que tiene la ciudadanía y el constituyente primario para hacerlo realidad”, indicó.
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