El municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, fue escenario en la jornada del miércoles 16 de abril de 2025 de un atentado que, por desgracia para sus habitantes, dejó un saldo mortal. El ataque iba dirigido contra la subestación de policía ubicada en la localidad de Mondomo, a un costado de la carretera Panamericana, y dejó como resultado la muerte de Ester Julia Camayo; que estaba en el sitio.
La víctima era una productora de café y comunera indígena del resguardo Concepción y cayó en un acto en el que también resultaron heridas cinco personas más. La explosión habría sido perpetrada por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, cuando un vehículo explotó en inmediaciones de la subestación; aunque otras versiones señalan que se habrían detonado al menos dos explosivos para el fin terrorista.
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En relación con este suceso, que trajo consigo una ola de escozor, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez se pronunció: y con un mensaje en sus redes sociales el jueves 17 de abril expresó su rechazo frente a este ataque que afecta a la región de la que es oriunda y que sería clara muestra de la crisis en materia de orden público que atraviesa esta región del país. Ante lo que sería el fracaso de la política de Paz Total.
“Rechazo los actos de violencia que se siguen presentando en el Cauca, el Valle del Cauca y en otros lugares del país”, dijo Márquez en su mensaje, con el que remarcó que el objetivo debe ser el reforzar la seguridad en el Cauca y garantizar la integridad de los ciudadanos. “Desde el Gobierno Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el bienestar y la seguridad de todas y todos los colombianos”, puntualizó.
La invitación de Francia Márquez tras el atentado terrorista en el Cauca, que dejó una mujer muerta
En su publicación, que alerta sobre la situación de violencia que afecta a las poblaciones vulnerables del Cauca, Márquez expreso la intención de que los responsables de este tipo de actos cesen en su ofensiva, que solo deja dolor y muerte a su paso y no aporta en el objetivo de lograr la paz. “Deseo que esta Semana Santa sea un tiempo de reflexión, reconciliación y paz en cada rincón de nuestro país”, indicó Márquez.
Es válido destacar que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, había adelantado el ofrecimiento de una recompensa de $300 millones por información que permita capturar a los responsables del atentado en Mondomo. De acuerdo con Sánchez, se atribuyó esta acción violenta a las disidencias de las Farc: “Responsabilizamos a grupos al margen de la ley por estas acciones que alteran el orden público”.
Frente a esta situación que genera preocupación en los organismos defensores de derechos humanos, debido al impacto sobre las comunidades indígenas y rurales de la región, la Defensoría del Pueblo, en un comunicado emitido el 17 de abril, advirtió sobre un contexto de crecientes desplazamientos forzados en la zona: que se ha convertido en un frente de guerra entre las diferentes estructuras criminales.
“Reiteramos que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe expresamente el desplazamiento forzado y exige a los actores armados proteger a las comunidades, garantizar su integridad y evitar su involucramiento en las confrontaciones”, declaró la entidad, a cargo de su titular, Iris Marín, con lo que se evidenció la vulnerabilidad de las poblaciones civiles atrapadas en medio de enfrentamientos armados.
En su reporte, la Defensoría indicó que, en las últimas semanas, al menos 46 familias de la comunidad La Esperanza, en el Bajo Calima, se desplazaron hacia la vereda La Colonia y al casco urbano del Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca), debido a los enfrentamientos entre el ELN y disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. A su vez, la existencia de 247 familias confinadas en cinco comunidades que permanecen en riesgo.
Teniendo en cuenta esta situación, la organización defensora de DD. HH. hizo un fuerte llamado a los grupos armados ilegales a respetar el DIH. “Exigimos a los grupos armados ilegales respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente los principios de distinción y protección de la población civil”, expresó la Defensoría, que seguirá activa en el terreno en la labor de acompañamiento a las comunidades.
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